Por Victoriano Martínez
Si los funcionarios públicos tienen obligación de presentar su declaración patrimonial al iniciar en un cargo y otra al terminar, el sentido común indica que tal medida obliga a los entes fiscalizadores a comparar ambos documentos para detectar si el crecimiento patrimonial corresponde con el ingreso formal del servidor público.
Desde que se incorporó, hace más de 30 años, la obligación para los funcionarios públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales no se tiene noticia de casos en los que las Auditorías o Contralorías hayan actuado en contra de un servidor público porque al comparar la declaración inicial con la de término se haya detectado un enriquecimiento ilícito.
Por más de tres décadas, las declaraciones patrimoniales sólo han sido un documento más que se archiva en los entes fiscalizadores y una obligación que se presume como cumplida para rendir cuentas, pero no a la ciudadanía, sino al interior de los archiveros oficiales.
Con la llegada de las leyes de transparencia, poco a poco surgió la intención de que a esas declaraciones patrimoniales se incorporaran dos más: la de intereses y la fiscal. Una medida para contar con más elementos para detectar enriquecimientos desproporcionados con los ingresos de los funcionarios.
El Instituto Mexicano para la Competitividad encabezó a un grupo de organizaciones que impulsaron la idea que dio origen al movimiento por la #3de3, que hoy cuenta con una plataforma digital y formatos para que los funcionarios de todo el país hagan públicas sus tres declaraciones.
Una iniciativa que no alcanzó a incorporar en la Ley General de Transparencia la obligación de la publicación de esos tres documentos, y quedó sólo como una cuestión potestativa, es decir, sólo se publicarán los documentos de los funcionarios que lo autoricen.
Un desplante de los diputados locales provocó que en San Luis Potosí la difusión de oficio de esos tres documentos quedara como obligación y no como algo potestativo. Pero resultó tan falsa la postura de los legisladores, que fueron los primeros en incumplir la ley que ellos mismos aprobaron. No podía esperarse menos de la Legislatura de la Ecuación Corrupta.
De lograrse la obligación de hacer públicos esos tres documentos, se abriría la posibilidad de que la ciudadanía pudiera hacer efectiva la lógica de comparar el inicio con el final para ver si sus servidores públicos se ajustan a vivir de sus ingresos formales, o se aprovechan del cargo para enriquecerse.
Claro, tendría que trabajarse en la confiabilidad de la información que los funcionarios anotan en esos documentos. Basta ver la declaración patrimonial de Ricardo Gallardo Juárez y contrastarla con la investigación publicada por Astrolabio Diario Digital el 29 de enero para saber de lo que se está hablando.
Hoy que aún mantienen ocultas esas declaraciones, en lo poco que se atreven a mostrar es posible detectar que se reportan datos incompletos o plenamente falsos que, más que revelar lo que tienen que mostrar, exponen la casi imposible tarea cuidarle las manos a políticos que han acreditado con creces que no van a los cargos a servir, sino a favorecerse desde ellos.
