Por Victoriano Martínez
Con la firma, esta mañana, de la Alianza por la Ciudad se da la voz de arranque a los trabajos para la creación del “Sistema Integral de Planeación para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Municipal” que sustituirá al “Plan de Población de Centro Estratégico de San Luis Potosí- Soledad de Graciano Sánchez 2003”.
El documento, con 65 puntos distribuidos en tres grandes apartados (“Punto de partida”, “Principios de responsabilidad” y “Nuestra guía de acción”) establece a grandes líneas los compromisos de quienes participaron en una serie de mesas colegiadas para las que no hubo convocatorias públicas.
En el Centro de las Artes, unos 50 representantes de los grupos participantes también firmarán el documento, que será suscrito también por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y un representante de la Agenda Urbana ONU-Hábitat.
De acuerdo con el documento, se convocó a “colegios y asociaciones de profesionistas, instituciones educativas y centros de investigación, cámaras y organismos empresariales, colectivos y sociedad civil organizada, a integrantes del sector público; y sobre todo a los habitantes preocupados por el cómo construir nuestra ciudad”.
En la firma aplica el ni están todos los que son, ni son todos los que están, pero lo que realmente importa son los compromisos que quedan en blanco y negro, porque marcan la ruta que habrá de seguirse para el ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que tendrá como faro principal el derecho a la ciudad, y todo lo que eso implica.
La Alianza por la Ciudad se firma a unas semanas de que los incendios en la Sierra de San Miguelito pusieron en la atención de los potosinos la importancia de preservar esa reserva ecológica, hasta culminar con el pronunciamiento presidencial de “la Sierra de San Miguelito no se toca”.
En el documento que se firma esta mañana podría considerarse el punto 8 en esa línea:
“La construcción sobre las áreas naturales, sierra y suelo agrícola está afectando la ciudad; disminuye la recarga de los acuíferos, provoca riesgos y afecta la infraestructura y la propiedad privada. No contamos con planes para la recarga de los mantos ni con sistemas de captación y aprovechamiento de lluvia”.
Sin embargo, en los puntos 39 y 41 podría haber una trampa que permitiera no sólo eludir el “no se toca” presidencial, sino ponerle límites a la protección ecológica que requiere el pleno goce del derecho a la ciudad.
Dice el punto 39: “Desarrollar nuevas formas de gestión del suelo urbano, basadas en una mayor interlocución del Gobierno con los promotores y desarrolladores inmobiliarios, estableciendo con claridad y comunicando los usos de suelo”.
Y el 41: “Los desarrolladores inmobiliarios de la ciudad nos comprometemos a incorporar en nuestros proyectos una visión sostenible, responsable con el medio ambiente, disminuyendo riesgos por la urbanización y generando y preservando áreas naturales”.
Tres puntos cuyos planteamientos podrías ser objetos de elásticas interpretaciones conforme a los intereses del momento y/o de los personajes involucrados.
Una ambigüedad que tendrá que ser acotada con precisión como resultado de la metodología y programa de trabajo del Sistema Integral de Planeación para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Municipal, que se presentará esta misma mañana, después de la firma de la Alianza.
El proceso que este martes se abre coloca a los potosinos, pero principalmente a sus autoridades, en la disyuntiva de tomar medidas que privilegien definitivamente el derecho a la ciudad, sin dejar cabos sueltos que abran la más mínima posibilidad de que intereses comerciales o de especulación de la tierra lo afecten.
