Por: Eduardo Delgado.
Le presentamos hoy la primera de dos partes de la entrevista con Marco Barrera, abogado de la familia Pontigo Luccioto, luego de que la Corte atrajo el caso de la muerte de Karla Pontigo, lo que pone en entredicho la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, encabezada por Miguel Ángel García Covarrubias, advirtió.
- “A la mamá no le querían recibir la denuncia; la trataron como delincuente”.
- “El personal de la Procuraduría llegó 38 horas después de los hechos”.
- “Si no se puede determinar la culpabilidad será responsabilidad del Estado”.
- “Antes del caso de Karla fue el de Shantal, en el que la SCJN reprobó la actuación de la Procuraduría”.
- “Cuando se resuelva no será con esta administración y eso lo veo con muy buenos ojos”.
- “La decisión de la Corte: excelente oportunidad de enmendar la plana”.
Para Marco Barrera Vázquez, abogado defensor de la familia Pontigo Luccioto, que desde hace más de dos años y ocho meses exige el esclarecimiento de la muerte de la Karla, acontecida el 28 de octubre de 2012, luego de que su hermano la recogió con heridas graves en el entonces antro “Play”, con la atracción del caso por parte de la Primera Sala de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esta “nuevamente en evaluación” la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) respecto de su investigación acerca de la muerte de la joven y que según esa dependencia derivo de un “accidente”.
La mamá, Esperanza Luccioto, no creyó esa versión e intentó interponer una denuncia pero “no se la querían ni recibir y la trataban como si fuera delincuente. La encerraban, la re victimizaban, y eso lo expusimos ante la Corte; hubo violencia institucional”, condenó.
Por si fuese poco el Ministerio Público acudió al hospital “pero no a tomarle la denuncia sino a pedirle su autorización para la donación de los órganos de su hija y la señora les dijo: “Los dono si me permiten presentar la denuncia”.
Acto en el que el representante social aprovechó el desconocimiento de la ley, así como de las circunstancias de la madre. “Eso es una cosa muy grave, que también está planteada en la Corte”, añadió.
“¿Cómo es posible que se donen órganos si está en curso una investigación criminal?”, condenó. Eso, deploró, equivale a “destruir las evidencias y eso no puede ser, sin embargo no tenemos elementos para decir si fue doloso”, añadió.
Posteriormente, a espaldas de la familia la Procuraduría consignó la averiguación y el juez penal le dictó auto de formal prisión al dueño del antro, Jorge Vasilakos, por homicidio culposo, pues las lesiones que le produjeron la muerte las atribuyó a un “accidente”.
Sostuvo que el caso debe reabrirse desde el inicio porque a los familiares no se les permitió el acceso al expediente y no les admitieron sus pruebas. “Es como si no se les hubiera tomado en cuenta en lo más mínimo”, comentó.
Lo cual, señalo, parece ser un patrón en casos públicos en cuestión de conductas institucionales. En el de los algodoneros les dijeron a los deudos “ahí están los cuerpos de sus hijas”, para darle carpetazo al asunto; en el de Mariana Lima que fue un “suicidio” y en el de Karla que se “estrelló” contra una puerta de cristal.
El litigante recordó que antes del caso de Karla estaba del Shantal, en el que la SCJN “reprobó la actuación de la PGJE, al señalarle que de sus cientos de pruebas ninguna estaba debidamente sustentada para mantener en prisión al sacerdote acusado de su muerte”.
Por ende, acotó, en el caso de Karla “nuevamente lo que está en evaluación es el trabajo de la Procuraduría, ya no desde el lado de la acusación sino de cómo debe trabajar en cuanto a las víctimas; por eso no tenemos preocupación de que sea incongruente con lo que ya paso en el caso Shantal; acá se alegan otras cosas pero en el fondo es evaluar el trabajo de la Procuraduría”, reiteró.
Marco Barrera aclaró que en el transcurso de los próximos días se conocerá la razón fundamental por la que la Corte ejerció su facultad de atracción.
Respecto del feminicidio “tenemos muchas esperanzas, pero no hay que ser triunfalistas, porque hay conocer qué argumentos dio el ministro a sus colegas”.
Es indispensable esperar el pronunciamiento de los ministros, “pero si este caso se llega a reabrir necesitamos allegarnos de evidencias y recordemos que el lugar de los hechos ya no sirve”.
Porque el personal de la Procuraduría llego 38 horas después de los hechos y ya estaba contaminado, y aparte el inmueble le fue devuelto a su propietario. En suma, si por alguna razón no se puede determinar la culpabilidad será responsabilidad del Estado.
“En tanto necesitamos manejar el apoyo social para tener una posición sólida ante el nuevo gobierno, porque cuando se resuelva ya no va a ser con esta administración y eso lo veo con muy buenos ojos porque con este gobierno nunca hubo una respuesta, al contrario fue un trato indigno a la familia”, condenó.
Tras la determinación de los ministros de la SCJN “surge una oportunidad excelente de enmendar la plana, porque se pueden destapar muchas cosas y hay muchos elementos. Los abogados y la fundación estamos pujando, mientras que en el caso de Shantal ya es muy difícil que se pueda hacer algo, nosotros estamos apenas empezando…dio un giro total”.
Segunda parte: Bajo sospecha Procurador y Magistrados: Abogado (II)
