San Luis Potosí es una de las tres entidades federativas que mayor rezago observa de frente a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en México. No es novedad, San Luis Potosí se caracteriza por estar siempre en los niveles de mediocridad en todo aquello que es medible, cuantificable o verificable.
Es literalmente una vergüenza. Estamos tan atrasados como Sonora y Baja California Sur.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer en su sitio de Internet, la estadística de la Nueva Metodología para la Clasificación y Estratificación de las Entidades Federativas, mediante lo cual se evalúa la situación que guarda cada estado respecto del reto de la reforma en el sistema de justicia.
Podría ser peor, pero gracias a Sonora, San Luis no es el último lugar.
El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal tiene una Secretaría Técnica que tiene a la cabeza a María de los Ángeles Fromow Rangel, quien por cierto, estuvo en San Luis hace unos días y se reunió con el gobernador.
A la luz de las estadísticas que ilustran el severo retraso en la entidad, puede considerarse que la visita de la funcionaria para nada fue de cortesía sino todo lo contrario. Se debieron jalar orejas a más de un funcionario que tiene a San Luis en los últimos lugares a nivel nacional en el proceso de implementación, pues para ello, faltan solamente seis meses.
Hace ocho años que con reformas constitucionales se dio inicio al proceso que lleve al sistema de justicia al régimen acusatorio y de juicios orales. En San Luis, en su momento, Marcelo de los Santos ni siquiera destinaba presupuesto al respecto, con Fernando Toranzo se dejó todo al garate y en el menor de los males, en manos de Cándido Ochoa Rojas.
Se pensó que ocho años era demasiado tiempo y que en un dos por tres se haría lo que se tuviera que hacer, pero desafortunadamente no ha sido así. Los tres niveles de gobierno llevan su parte de responsabilidad.
El personal del poder judicial, el personal de procuración de justicia, el personal de las policías estatales y municipales, incluso el gremio de abogados no están aun preparados para el nuevo sistema. La sociedad tampoco sabe de lo que se trata.
Una vez más, las instancias de gobierno no han hecho bien su tarea y ahora se hacen esfuerzos para salir del embrollo, pero la exhibida publica ahí está. En todo el país se sabe que San Luis Potosí es una entidad donde el sistema de justicia penal tiene mayor rezago.
Faltan instalaciones, infraestructura, capacitación, presupuesto, manuales de procedimientos, perfiles de abogados y jueces, pero sobre todo, lo que pesa es la ausencia de socialización del tema porque al ejecutivo se le olvidó o no quiso publicitarlo para que la sociedad se pudiera enterar.
Otra raya más al mal gobierno que hizo Toranzo.
