Por Antonio González Vázquez
En su primer discurso como presidente municipal en octubre de 2012, Mario García Valdez aseguró envalentonado que caería todo el peso de la ley a quienes atentaron contra los capitalinos con sus actos de corrupción.
Esa fue la cantaleta durante toda la administración y al final el priísta abono a mantener en la impunidad a Victoria Labastida y demás funcionarios.
Igual, en el 2015, Ricardo Gallardo ofreció también que caería todo el peso de la ley a quienes atentaron contra el patrimonio de los capitalinos.
Ya pasaron más de seis meses y no ha caído todo el peso de la ley sobre nadie sino todo lo contrario: Mario García vive en paz con su millonaria pensión que le regala cada mes la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Es decir, el priísta goza de cabal salud, puede dormir tranquilo, hace vida social y hasta se siente honesto y un perseguido político, pero nada más lejano a eso de que le caerá todo el peso de la ley.
Hay una denuncia de la Contraloría Municipal en el Congreso del Estado y difícilmente pasará de ahí: el PRI y sus aliados tienen mayoría y son capaces de salpicarse de lodo antes de hacer algo en contra de uno de los suyos.
Desde hace ya días que está en la agenda pública el enfrentamiento entre gallardistas y priístas pero la cosa no va de las acusaciones mutuas y de ligeros conatos de lengua, aun no se atreven a ir más allá.
Por eso resulta burdo y hasta de mal gusto porque no deja de ser una frase tan trillada como hueca, eso de que se aplicará todo el peso de la ley.
Ayer, el Contralor Municipal, alguna vez empleado del ahora auditor Jesús Martínez Loredo cuando éste era Tesorero de Gobierno del Estado, volvió a la carga con acusaciones en contra de Mario García.
Resulta que Enrique Alfonso Obregón dijo que se identificaron irregularidades desde el mismo proceso de entrega-recepción del ayuntamiento en 2015. Desde septiembre de 2016 se encontró un desvío de recursos por 104 millones de pesos.
Es decir que Mario García saqueó al ayuntamiento sin contemplaciones, pero es hora de que no se le sanciona, ni se le exige el resarcimiento del daño ocasionado. Lo que hay es sólo una nota informativa y no una denuncia penal.
Hablar de que caerá todo el peso de la ley sobre un ex funcionario público es ya a estas alturas una ingenuidad.
