Leticia Vaca
“¡Cárcel a Gallardo!”, exigieron esta mañana líderes de comerciantes y organizaciones ciudadanas en la sesión del Congreso del Estado, asimismo exhortaron a los legisladores de Morena, a no aceptar a Ricardo Gallardo Cardona en el partido.
“Queremos que den una postura, respecto a la renuncia de Ricardo Gallardo Cardona, ustedes lo están arropando y van a ser los culpables de la impunidad; tienen que fijar una postura respecto a ese bandido, si ustedes lo van arropar como dijo Leonel, bienvenido, pues qué poca madre”, reclamó, Juan Antonio Rodríguez Chessani, líder del Frente de Comerciantes Unidos.
La exigencia también fue para que los morenistas definieran una fecha para la reducción de su salario y apliquen la austeridad que prometieron en campaña. Asimismo tocaron el tema de las cuentas públicas de 2017, “no pueden avalar ese robo de todos los municipios, borrón y cuenta nueva, no se conviertan en cómplices (…) por qué no tienen un poco de dignidad, estamos hartos de tanta ratería”, sentenció Rodríguez Chessani.
“Estamos nuevamente aquí para exhortarles que hagan su labor y cumplan con el compromiso que tienen con todos los potosinos; no pueden estar en la competencia de ser cada día la peor legislatura”, gritó otro de los manifestantes.
Luego de unos minutos se dio un receso, en el que los legisladores Pedro César Carrizalez Becerra, Edson Quintanar Sánchez, Paola Arreola Nieto, Marite Hernández Correa, María del Consuelo Carmona Salas, Angélica Mendoza Camacho y Mario Larraga Delgado, aprovecharon para dejar su curul y acercarse a dialogar con los quejosos.
Durante el diálogo, respecto al salario, los diputados aclararon que en la práctica sólo reciben la mitad de su salario; el resto es donado a sus distritos, “tenemos con que comprobarlo”, aseguró Carmona Salas.
En ese sentido, Hernández Correa pidió a los manifestantes que les hagan propuestas y aclaró que no están en el Congreso por lujos, “pero no somos los únicos diputados en esta legislatura”.
Finalmente, los diputados se comprometieron a rendir informes a los manifestantes para que conozcan cuál es el destino del recurso que donan los legisladores.
