Por Victoriano Martínez
Si algo ha sido previsible cuando de víctimas se trata es que, para ellas, tras el acto de abuso y agresión, se abre un trayecto de re victimización a cargo de las instituciones que deberían de protegerlas.
Por mucho que se denominan comisiones ejecutivas de atención a víctimas, tanto la nacional como la estatal, se han convertido en todo contra las víctimas, menos en las instancias que les dan la atención que requieren.
El testimonio de Magdalena Saavedra que este miércoles les presentó Astrolabio Diario Digital es desgarrador.
Víctima de una brutalidad salvaje de quienes saben que pueden cometerla por formar parte de una estructura gubernamental que les garantiza impunidad, Magdalena vivió cinco años y medio en un infierno que la llevó a formar parte del grupo de 100 mujeres incluidas en el informe “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” de Amnistía Internacional.
Y aunque desde mayo de 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación que acreditó las graves violaciones a sus derechos humanos y se pronunció por la reparación del daño, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas sólo se ha limitado a anotarla, más de un año después, en su registro de víctimas.
Si el testimonio de Magdalena es desgarrador, la actitud del gobernador Juan Manuel Carreras López y su burocracia resulta amenazadora: su insensibilidad es una invitación a que se sigan cometiendo los abusos porque no sólo no contribuyen a que se haga justicia a las víctimas, sino que las re victimiza al enredarlas en callejones burocráticos sin salida para reiniciar sus vidas.
Cualquier ciudadano puede convertirse en víctima, eso está más que claro.
Una vez convertido en víctima, puede tener la certeza de que no cuenta con quienes lo representan, esos que juraron cumplir y hacer cumplir las leyes, para que defiendan sus derechos.
Peor aún, esos sus representantes se echarán la pelotita unos con otros para negarle el apoyo, ofrecerle alternativas ridículas, y dilatar la atención con intenciones de hacerlo desistir.
Una burocracia que, con el ejemplo de su máxima autoridad, el gobernador Juan Manuel Carreras López, condena a las víctimas a la resignación y a retirarse a padecer en privado el sufrimiento de tracto sucesivo que le provoca la violencia institucional cómplice de los abusos cometidos en su contra.
Magdalena se acercó a un Carreras López, quien se negó a recibirla, no para pedir una dádiva, sino un financiamiento para recuperar el negocio que perdió por la agresión del Estado de la que fue víctima. F-I-N-A-N-C-I-A-M-I-E-N-T-O. Un crédito que con el producto de su fábrica textil que pretende recuperar pagaría.
No recibirla, remitirla con un asistente que, tras varias vueltas, la mandó al Instituto de las Mujeres para que le ofrecieran talleres de costura es una ofensa adicional para una mujer que, a pesar de las vejaciones de que fue objeto, mantiene la valentía de luchar por seguir adelante con su vida.
¿Cuántas víctimas viven en silencio el tormento de cargar los abusos padecidos?
Las comisiones de atención a víctimas lo saben porque tienen un registro, solo basta contrastarlo con cuántas víctimas siguen en la lucha por que se les haga justicia.
Tolerar una injusticia es provocar otra. ¿Cuántas víctimas más provoca la indolencia de funcionarios como Juan Manuel Carreras López que ni trabaja por que se haga justicia ni por que se les repare el daño?
