Por Victoriano Martínez
Una autoridad no puede autoproclamar que se rige por una genuina vocación de transparencia si para hacer públicos documentos de interés general se allana a plazos legales o a procedimientos establecidos por una norma y, en cambio, utiliza todos los medios a su disposición para –como vil acto propagandístico– presumir su existencia.
A las seis de la tarde con seis minutos de este martes 20 de agosto, el gobernador Juan Manuel Carreras López volvió a utilizar a la Sierra de San Miguelito para darse un baño de ecologista.
“Hoy dimos un paso fundamental en favor del espacio ecológico que está en el corazón de todos los potosinos, al firmar con @CONANP_mx, el Acuerdo de Colaboración para la conservación del ecosistema, biodiversidad y bienes que posee la Sierra de #SanMiguelito”, escribió en su cuenta de Twitter.
A las siete de la noche con 17 minutos, la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado hizo llegar a los medios de comunicación un comunicado en el que, entre las 400 palabras que lo componen, no existe una sola referencia a la posibilidad de que cualquier persona pueda consultar el documento que se firmó.
Sin duda es un avance que se haya firmado ese acuerdo. Pero para quienes habitamos la ciudad a la que la Sierra de San Miguelito le presta vitales servicios ecológicos no puede bastar que Carreras López “informe” sobre ese convenio con ese tono de autopromoción sin que, a la par, lo ponga a disposición de todos.
Y es que el gobernador del timing también suele utilizar ese tipo de actos para favorecer su imagen ante los potosinos. Basta recordar que el 24 de mayo, en la Plaza de los Fundadores, Carreras López prácticamente se erigió en héroe ecológico al pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador la declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito.
En cambio, no informó que apenas unos días después de su acto heroico solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, vía una manifestación de impacto ambiental, poder afectar más de 490 hectáreas de la Sierra que solicitó que se protegiera. Debió mediar una solicitud de información para que esa acción se conociera.
Desde el pasado 25 de julio, diversas agrupaciones y ecologistas solicitaron por escrito a Carreras López retirar esa petición en tanto se hace la declaratoria de Área Natural Protegida y, a la fecha, no ha dado respuesta.
La fracción XXXIX del artículo 84 de la Ley de Transparencia obliga a las entidades públicas estatales a difundir de oficio “los convenios que realicen con la federación, con otros estados y con los municipios, siempre que no versen sobre seguridad nacional o seguridad pública”. Así lo llamen acuerdo, esa disposición aplica para lo convenido en el documento firmado este martes.
La ley da los primeros diez días del mes siguiente para que se cumpla con esa disposición, por lo que hoy –ante la nula vocación de transparencia que sólo se da por obligación legal y el hecho de no poner a disposición pública el documento de inmediato– conocerlo implica activar el procedimiento de una solicitud de información o confiar en que para el 10 de septiembre esté publicado.
Una innecesaria retención de información pública que parece esperar que nadie la solicite o nadie la consulte en la plataforma de transparencia porque –queda muy claro– el fin no es informar a la población, sino someterla a su propaganda.
