Caso Sandra Sánchez Ruiz, recargado

Por Victoriano Martínez

Si algo marcó a la administración municipal de Ricardo Gallardo Juárez en San Luis Potosí, fue una pregunta aún sin respuesta:

¿Quién es Sandra Sánchez Ruiz?

Y cómo esa pregunta, conforme avanzó el trienio de la gallardía se acumularon otras dudas sobre las que se tenía una sola certeza: se abusó del poder para beneficio propio.

Un abuso en tantos sentidos, que prácticamente la mayor parte de la ciudadanía lo resintió.

Al menos esa se puede considerar parte de la explicación de la derrota estrepitosa que enfrentó Gallardo Juárez el pasado 1 de julio.

Aunque todavía hoy nadie conoce a Sandra Sánchez Ruiz, la mujer, la fantasma o el invento de la gallardía es la referencia emblemática de las corruptelas de la administración gallardista.

Fue un caso emblemático porque se detectó por una pequeña rendija que un descuido en el férreo esquema de opacidad de la gallardía dejó abierto.

Emblemático porque muestra el tipo de cosas que la ciudadanía puede detectar, combatir y/o contribuir a prevenir si la transparencia se toma en serio.

El caso se hizo público el último día de marzo de 2016 y, lejos de servir para que la administración de Gallardo Juárez corrigiera, la gallardía reforzó su opacidad.

Aun así, se conocieron y difundieron más casos de irregularidades. Los que de plano no se podían ocultar.

Hoy que una administración de distinto color ocupa la alcaldía, como resultado del proceso de entrega recepción se reportaron mil 843 observaciones.

Tanto como eso, y posiblemente más, se ocultó en la opacidad.

El caso emblemático del abuso del poder para beneficio propio se ha convertido ya en la primera denuncia contra la anterior administración por parte del Ayuntamiento en funciones.

Una denuncia que seguramente se acumulará a la presentada desde el 12 de febrero por el Frente Ciudadano Anticorrupción y que ha dejado expuesta la inacción de la Fiscalía General del Estado, y la poca voluntad por combatir la corrupción de un gobernador timorato e incapaz de pronunciarse contra la gallardía.

El caso emblemático se vuelve hoy el punto de arranque de lo que podría esperarse de las mil 843 observaciones –y las que se acumulen– para que las autoridades municipales, estatales y hasta federales den señales de un real combate a la corrupción.

 

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