Por Victoriano Martínez
Cuando la burocracia, sea como parte de los tres poderes o de los organismos autónomos y ciudadanos, asume que su papel es resolver asuntos con la interpretación más restrictiva de las leyes, los derechos se vuelven inalcanzables.
Instituciones de tan reciente creación como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) pronto se burocratizaron al más puro estilo de la opacidad por la que nacieron para combatir.
Tema de transparencia son los indicadores de gestión y ambos organismos, que nacieron para garantizar el derecho de acceso a la información pública, son dados a manejar estadísticas sobre solicitudes de información, recursos resueltos y demás papeleo cual si cumplieran su cometido… aunque los solicitantes no reciban la información que pidieron.
La CEGAIP en menos de 15 años ha acumulado historias de confabulación con los funcionarios opacos para ocultar la información en casos tan emblemáticos como los convenios con General Motors, BMW, Ford, la deuda de fin de sexenio marcelista por más de mil 500 millones de pesos en cuyos desvíos también estuvo involucrada la administración de Fernando Toranzo y muchos más.
Cuando la Ley General de Transparencia abrió la opción del INAI como segunda instancia para combatir la opacidad de las resoluciones de la CEGAIP, se tuvo la esperanza de que habría más posibilidades de instancias administrativas que garantizaran el derecho de acceso a la información pública.
A poco más de un año de esa posibilidad, la esperanza ya es decepción. En el papeleo, el INAI resultó igual que la CEGAIP: obedézcase pero no se cumpla. Tal consigna medieval sigue vigente en las resoluciones de estos dos órganos garantes, con lo que salvan su autoridad totalmente despreocupados por la vigencia real del derecho de acceso a la información pública.
Y llegan al grado de la confabulación. Los tres comisionados de la CEGAIP gastaron generosos viáticos con cargo al erario para asistir a la Semana Nacional de Transparencia, pero no se les vio en el evento. Testimonios de proyectistas del INAI señalan que tuvieron encuentros con algunos de sus colegas para neutralizar recursos de inconformidad contra sus resoluciones.
El caso que presenta Jesús Piña Fraga es prototípico: se resuelve que se le debe garantizar el derecho al solicitante, pero no se obliga a los involucrados a que efectivamente lo cumplan. Y afirman que se ajustan a la ley, aunque no hagan el derecho efectivo, que es para lo que surgieron esos organismos.
Después de agotado ese proceso, más de año y medio después, entonces recomiendan acudir la justicia federal vía amparo. ¿Para qué hacer perder tanto tiempo? Todo apunta a un esquema estructural que violenta el ejercicio de un derecho con una violencia que también suele reproducirse en la instancia recomendada.
Baste ver el caso en el que, después de 527 días de litigio, un juez federal otorgó “el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados” a Eduardo Martínez Benavente para que, con fundamentos y motivos corregidos, ¡se le volviera a negar la información!
Toda una violencia estructural contra el derecho de acceso a la información pública que sólo incentiva a que todas las instancias gubernamentales sigan instaladas en la opacidad porque los organismos que deberían garantizar la transparencia, como los cerdos de Rebelión en la granja, ya son igual (o peor) de opacos.
