Por Victoriano Martínez
Hace un mes, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) cumplió 15 años.
Tres lustros en los que se esperaban avances para que los potosinos tuvieran garantizado su derecho de acceso a la información pública, pero ocurrió todo lo contrario: hoy ese derecho se encuentra desatendido y obstaculizado por quien debe garantizarlo.
“Nuestra principal acción es garantizarle a las personas el derecho de acceso a la información, además de promoverlo y defender a las personas de la negativa de información por parte de los entes obligados”.
Así, textualmente lo dice la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública en una parte de lo que en su Sitio Web describen como su misión.
En los hechos, sólo uno de cada 15.5 recursos de revisión que ha recibido en lo que va del año ha sido resuelto por la CEGAIP.
En lo que va del año, por lo menos en tres casos la CEGAIP ha obstaculizado que los solicitantes de información recurran al INAI por estar inconformes con sus resoluciones.
Dos datos concretos que, en los hechos, muestran que su principal acción nada tiene que ver con “garantizarle a las personas el derecho de acceso a la información”, mucho menos que se denote una defensa contra las negativas de los entes obligados.
Como parte de su visión, la CEGAIP ofrece, textual: “La aplicación irrestricta de la Ley de Transparencia”.
En lo que va del año, sólo han resuelto 69 recursos de revisión de más de mil que ha recibido y solo dos casos corresponden a recursos iniciados en este 2019.
Si se toma en cuenta que la ley le otorga 30 días hábiles para resolver, descontado ese periodo al día que iniciaron su periodo vacacional, significa en la inmensa mayoría de los cientos de recursos recibidos entre el 1 de enero y el 10 de junio han violado irrestrictamente la Ley de Transparencia.
Bastan esos dos ejemplos de los Objetivos, Misión y Visión que la CEGAIP presenta en su sitio Web, con una deficiente y confusa redacción, para mostrar que sus hechos los rebasan y exhiben su incapacidad hasta para tratar de aparentar lo que no tienen voluntad de ser.
Han sido 15 años, pues, en los que lejos de construir una institución que garantizara la transparencia como la legislación lo establece, se ha consolidado la Comisión como un obstáculo desde el que los simuladores ya no se la creen ni ellos mismos… para complacencia de los entes obligados.
