Por Victoriano Martínez
O fingen ignorancia, o pecan de cinismo. Lo que sí hacen indudablemente es denigrar el papel de los políticos en la administración pública.
“Nosotros no revisamos el desempeño financiero de los municipios, no nos metemos, porque la ley es muy clara, solamente nos pronunciamos sobre el desempeño de la Auditoria, entonces digamos que eso limita mucho nuestra función”, así justificó el diputado Héctor Mendizábal Pérez el hecho de que son capaces de dictaminar los 131 informes de la Auditoría Superior del Estado en siete días.
Alguien tendrá que explicarle al diputado panista que su labor ante los informes de la ASE sobre las cuentas públicas no es pronunciarse (declararse a favor o en contra), sino que la Constitución ordena hacer un análisis (estudio detallado de algo) para revisar que los informes se realizaron apegados a las disposiciones legales aplicables (textual).
Más aún, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas es todavía más específica sobre las características de ese análisis, al señalar que éste debe ser pormenorizado sobre el contenido de los informes y estar sustentado en conclusiones técnicas del Informe General y recuperando las discusiones técnicas realizadas en la Comisión.
Independientemente de esa negligencia, alguien deberá explicarle al diputado la diferencia entre primer periodo ordinario de sesiones y periodo extraordinario de sesiones. Este 2018, a ellos ya no les toca el primero, en consecuencia, ya no tienen por qué intervenir en la aprobación de los informes finales de auditorías, según la Constitución. Prácticamente usurparían funciones.
“A mí me da pena decirlo, pero evidentemente nos han acusado directamente, en últimas semanas, de estar ocultando información, de tener un cochinero, es más ya hasta me da miedo que vaya a pisar una mina y me vaya a explotar, porque dicen que está minado aquí”, trató de ironizar Ernesto Barajas Ábrego, secretario del Ayuntamiento sobre las quejas del equipo del alcalde electo.
Es posible que Barajas Ábrego ignore que en algunos foros sobre temas de transparencia el caso del Ayuntamiento de San Luis Potosí ha sido expuesto como el ejemplo de lo que no debe hacerse para inhibir el ejercicio del derecho de acceso a la información pública: cobrar la copia simple a 40 pesos con 30 centavos.
Desde ahí muestran su vocación por ocultar información, pero la refuerzan con el incumplimiento de cuando menos 27 de las 55 fracciones de los artículos 84 y 85 de la Ley de Transparencia. Si no dar a conocer la información pública que por ley deben difundir no es ocultarla, entonces habría que darle la razón a Barajas Ábrego.
Y no son señalamientos de las últimas semanas. Bastaría una somera revisión hemerográfica para confirmar que desde el primer trimestre de la administración de Ricardo Gallardo Juárez diversos medios señalaron la opacidad en la administración gallardista.
La Real Academia incluye una acepción para la palabra cochino como un adjetivo coloquial para referirse a algo sucio, desaseado o asqueroso. Una administración tan desaseada como la de Gallardo Juárez, da lugar al calificativo de ser un cochinero, y no desde hace unas semanas.
Una muestra de ese desaseo está en las 30 facturas que emitieron el 4 de mayo de 2016, en tan solo 18 minutos, para justificar pagos realizados en noviembre y diciembre de 2015, y en enero, febrero y marzo de 2016. Fue muy difundido en medios desde aquellas fechas, no en las últimas semanas.
La Auditoría Superior de la Federación dio otro ejemplo de la desaseada administración municipal de Gallardo Juárez, cuando detectó irregularidades por 440 millones 809 mil 200 pesos que no pudo solventar de la Cuenta Pública 2016. Tampoco fue algo que se revelara en las últimas semanas.
Por si fuera poco, la Auditoría Superior del Estado ha señalado irregularidades por 305 millones 300 mil 951 pesos en la Cuenta Pública de 2017. ¿Será acaso una de las razones por las que en el Congreso del Estado pretenden aprobar ilegalmente los informes, para que no surtan ningún efecto a la hora de fincar responsabilidades?
Y así, hay muchos otros ejemplos, más los que se acumulen cuando –si la nueva administración actúa con verdadera transparencia y no simulada como lo ha hecho la actual– se destraben muchas solicitudes de información como, por ejemplo, los gastos reales del Festival de la Cantera, por citar sólo uno.
El colmo del ocultamientos de información –que abre mayores suspicacias sobre el desaseo administrativo que tienen– es que ahora utilicen como pretexto el proceso de entrega recepción para negar una versión digital de las facturas pagadas a “Gallardo y Medina Production, S.A. de C.V.”, a “Construcciones y Servicios SESRA, S. de R.L. de C.V.” y a “Yolanda Carolina Silva García”.
La exhibición del ocultamiento y el desaseo los ha acompañado todo el trienio como parte de un ejercicio periodístico de Astrolabio Diario Digital y muchos otros medios locales y nacionales.
Es de dar pena que ahora su “ocultamiento y cochinero” sólo lo quieran circunscribir a señalamientos del equipo del alcalde electo, porque es una confesión de lo que también demostraron durante todo el trienio: su autoritario desprecio a la crítica a grados tales que incluyeron actos represivos contra quienes señalaron su actuación irregular.
Difícilmente puede ser ignorancia de Mendizábal Pérez y Barajas Ábrego, pero si lo fuera sería grave.
Es más un cinismo engaña bobos de quienes no se quieren dar cuenta de que haberlo usado en los últimos tres años no les sirvió ante una ciudadanía que en las urnas les demostró que no es fácil engañarla.
