Alejandro Rubín de Celis
Por más que se diga que habrá un estudio de la Semarnat para definir la extensión de tierra que deberá catalogarse como Área Natural Protegida (ANP) en la Sierra de San Miguelito, hay señales preocupantes de que al menos 2 mil 559 hectáreas de esa zona servirían para proyectos inmobiliarios, poniendo en grave riesgo la viabilidad de la ciudad de San Luis Potosí.
Una de ellas estaría casi consumada pues según el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Gustavo Puente Orozco, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado el sí para que se construya una vía paralela a la carretera 57 que facilite el ingreso a la zona industrial, que afectará 490 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, en cuyos alrededores es previsible que habrá desarrollos urbanos.
Ya el Frente Ciudadano Anticorrupción ha presentado un exhorto ante la Oficialía de Partes del Poder Ejecutivo para que el gobernador Juan Manuel Carreras retire la propuesta de cambiar el uso de suelo forestal para construir la vía alterna a la zona industrial, y sea congruente con el supuesto interés que tiene por preservar la Sierra de San Miguelito.
El otro asunto tiene que ver con el posible cambio de uso de suelo a 2 mil 69 hectáreas de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito que afanosamente busca la empresa Espacios en el Horizonte S.A de C.V., y para el que según sostienen grupos opositores cuenta con la simpatía del gobernador Juan Manuel Carreras López y del alcalde Xavier Nava Palacios.
La asamblea de comuneros, celebrada el pasado 21 de julio, en la que una mayoría de ellos aceptó firmar un contrato de asociación en participación con la mencionada empresa, es otra de las señales, aunada a un documento atribuible a Las Cañadas Desarrollo Inmobiliario ꟷpropiedad de Espacios en el Horizonteꟷ, que no se ha difundido con amplitud pero en el que se dan los detalles de dónde y cómo se aprovecharán las tierras comunales: “… condominios verticales, universidades, escuelas preparatorias, secundarias, primarias y kínder, áreas deportivas, de esparcimiento y recreación, comercio y servicios…”.
El polígono de 2 mil 69 hectáreas que contiene el documento en cuestión, coincide con el que desde hace meses han difundido las organizaciones disidentes a ese proyecto ꟷFrente Amplio Opositor, Cambio por San Luis, Cambio de Ruta y Frente Ciudadano Anticorrupciónꟷ y con el cual han denunciado que esa extensión de tierra no está considerada dentro de las 63 mil hectáreas que contiene el estudio que entregó el gobernador al secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, para ser consideradas ANP, y que sí forman parte del Área Natural de Protección del Patrimonio Paisajístico y Recarga, oficialmente clasificada así desde 1993 y ratificada 10 años después en el Plan Estratégico de Población; así como la posible aprobación del Cabildo para que se autorice el cambio de uso de suelo en esa zona.
Una empresa inmobiliaria de ese calibre, ¿arriesgaría su inversión si no tuviera la certeza de que todos los elementos relacionados con el negocio, entre ellos cubrir el requisito de conseguir el cambio de uso de suelo, los tienen amarrados? De ahí las sospechas de los opositores de que el cambio de uso de suelo, va, y que está negociado desde tiempo atrás con Carreras y Nava.
Que la Semarnat realice por su parte un estudio para la declaratoria de la Sierra de San Miguelito como ANP, sobre todo con los antecedentes de lucha por el cuidado del medio ambiente del doctor Toledo, es una decisión positiva en el mediano plazo, pero deja abierta la puerta en el corto plazo para una eventual aprobación del cambio de uso de suelo en la comunidad de San Juan de Guadalupe.
El alcance y la profundidad de un estudio de esa naturaleza llevaría muchos meses ꟷpues son más de 81 mil hectáreas las que componen la sierraꟷ, mientras que la decisión de autorizar o no el cambio de uso de suelo podría someterse a consideración del Cabildo entre septiembre y octubre de este año, una vez que concluya la consulta ciudadana para la creación del Sistema Integral de Planeación para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Municipal que realiza el ayuntamiento de la capital, misma que ha sido cuestionada por los disidentes por no convocar a todos los grupos afectados.
Por lo pronto, entre los grupos opositores ya circula una carta que pretenden enviar al secretario del Medio Ambiente para que ponga especial atención en las decisiones que planean tomar las autoridades en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en busca de un posible madruguete antes de cualquier declaratoria de ANP, y que pida a la Procuraduría Agraria se abstenga de emitir una opinión favorable a dicho proyecto por considerar que no está apegado a derecho. Además, impugnarán por su cuenta los acuerdos tomados en la asamblea ejidal del 21 de julio.
Llama la atención una declaración de la directora de Catastro y Desarrollo Urbano municipal, Patricia Rodríguez Álvarez, quien ha exhortado a comuneros y particulares a tener primero certeza del tipo de uso de suelo que pretenden comprar o vender, antes de hacer cualquier negocio.
“Es importante, no solamente a los comuneros sino a cualquier ejidatario o particular, que sepa que antes de poder firmar cualquier contrato de asociación o de realizar cualquier proyecto de desarrollo urbano, tiene que contar con un uso de suelo, si no tienen uso de suelo garantizado pues cualquier persona se está arriesgando enormemente a estar haciendo una previsión de un negocio que puede no ser viable”.
¿Será que ya hay alguna petición reciente de Víctor Toledo o del propio presidente López Obrador para que no se apruebe en Cabildo el cambio de uso de suelo en tanto no se termine el estudio que llevará a cabo la Semarnat, o ya de plano que no se autorice por aquello de que “la Sierra de San Miguelito no se toca” como dijo AMLO?
La Sierra de San Miguelito aporta servicios ambientales de la mayor relevancia para el municipio de San Luis Potosí y sus habitantes. Permitir que la voracidad inmobiliaria pase por encima de los intereses y derechos de cientos de miles de personas a un medio ambiente sano y a una ciudad ordenada y habitable, es ir contra el interés general.
¿De qué lado están realmente Juan Manuel Carreras y Xavier Nava Palacios más allá del dudoso discurso pro defensa del medio ambiente? Ya lo veremos.
