Alejandro Rubín de Celis
En los tres años y cuatro meses del gobierno actual, el mandatario Juan Manuel Carreras López, y el fiscal general, Federico Garza Herrera, han hecho de la procuración de justicia y el combate a la corrupción en San Luis Potosí, una mera simulación. A la frecuente impericia para integrar expedientes que luego derivan en casos fallidos ante el Poder Judicial, se suma una lista de asuntos de gran relevancia para la sociedad que involucran a servidores públicos de alto rango y de los que durante meses o años no se ha sabido siquiera de algunos avances en las pesquisas.
En agosto de 2015, la organización civil Ciudadanos Observando (CO) presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra el exalcalde Mario García Valdez y los integrantes del Cabildo de San Luis Potosí por el presunto desvío de varios millones de pesos para mejorar indebidamente sus percepciones, caso que prácticamente le tocó investigar a la nueva administración estatal encabezada por Juan Manuel Carreras ─que inició funciones en septiembre de ese año─ y de la cual nunca se supo nada.
En julio de 2017 El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) y CO presentaron denuncias contra los diputados y funcionarios señalados de participar en la llamada Ecuación Corrupta. La PGJE se comprometió a atender y resolver las distintas denuncias que recibiera sobre el caso. Desde entonces no se sabe nada respecto de las carpetas de investigación y los cuatro legisladores involucrados así como los funcionarios de la Auditoría Superior del Estado que fueron denunciados, están libres.
Por falsificación de firmas y uso de empresas fantasma, entre otros delitos presumiblemente cometidos por diputados de la pasada legislatura, simulando apoyos sociales, Ciudadanos Observando presentó un total de 20 denuncias el año pasado ante la Procuraduría de Justicia ─hoy Fiscalía General del Estado─ acompañadas de documentos y testimonios, y de todas ellas ni una sola ha prosperado ni se conoce en qué estado se encuentran esos expedientes.
A la par de estas acusaciones, el FCA de Ciudad del Maíz y CO presentaron denuncias por el delito de soborno presuntamente cometido por al menos ocho legisladores para la supuesta realización de obras en distintos municipios que finalmente no se llevaron a cabo o que se construyeron parcialmente, caso que se conoció como el Moches Gate. Y de esto, tampoco se sabe de avances o de alguna consignación. Para el dirigente de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González, la inacción de la Procuraduría/Fiscalía en estos asuntos representa un “descarado encubrimiento” de las más altas autoridades del estado hacia los diputados y servidores públicos involucrados en los hechos.
La Auditoría Superior del Estado tiene 23 denuncias pendientes de resolver en la Fiscalía, 14 relacionadas con cuentas públicas y nueve con posibles delitos cometidos por personal del propio órgano fiscalizador, entre ellos el de la llamada fiesta fantasma y el de la nómina secreta… y nada. Sobre la supuesta fiesta navideña que nunca se realizó y para la que se desviaron 600 mil pesos, Ciudadanos Observando presentó su propia demanda ante la Procuraduría desde diciembre de 2017.
Integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción han quedado estupefactos al escuchar en días recientes, de viva voz del visitador general de la Fiscalía, Luis Fernando Luna Aguilar, que las dos denuncias que presentaron en febrero del año pasado en contra de Ricardo Gallardo Juárez, acompañadas por 853 firmas de respaldo de ciudadanos, una por desvío de recursos para la supuesta compra de medicamentos y la otra por enriquecimiento patrimonial inexplicable, no tienen validez legal debido a que los firmantes no tiene interés jurídico en esos asuntos ─y que para validarlas cada uno de ellos tendría que acudir a la Fiscalía a ratificar la demanda─.
También les dijo que la visitaduría a su cargo no ha recibido documento alguno del ayuntamiento de la capital en apoyo a la denuncia por la compra de medicamentos, no obstante que hay fotos, video e información periodística que demuestran lo contrario; y les aseguró que no han podido notificar a Ricardo Gallardo Juárez que debe presentarse a declarar debido a que no dejan entrar al personal de la visitaduría a la privada donde vive el exalcalde.
¿Por qué todos los grandes asuntos que involucran a miembros de la clase política no avanzan ni hay consignaciones? ¿Por qué desde que era procurador y ahora como fiscal, Federico Garza, y el fiscal anticorrupción, Jorge Vera Noyola, no han dado celeridad a esos casos de presumible corrupción que tanto preocupan a la sociedad desde hace tanto tiempo? ¿Por qué si se recibieron hace casi un año las denuncias del FCA y de ciudadanos contra Gallardo Juárez, reforzada una de ellas por el ayuntamiento de la capital, hasta ahora se dice que los ciudadanos promotores de las dos demandas no tienen interés jurídico? ¿Por qué con todas las pruebas de presunta corrupción que se han presentado en la Fiscalía no se ha llevado a declarar al exalcalde Ricardo Gallardo Juárez, esté donde esté?
De nada ha servido hasta ahora el cambio de Procuraduría a Fiscalía y más aún si el titular de ambas instancias ha sido la misma persona que desde un principio impuso el gobernador por ser gente de su entera confianza. En estos tres años y cuatro meses, el fiscal carnal Federico Garza se ha negado sistemáticamente a dar información sobre los avances en las indagatorias y ahora, en ciertos casos, cómodamente ─como si no supiera lo que realmente pasa─ le avienta la bolita al fiscal anticorrupción.
Si a eso se añade un Sistema Estatal Anticorrupción que no funciona y que no tiene siquiera el contrapeso del Comité de Participación Ciudadana, que hoy todavía se debate en luchas internas que no le permiten desempeñar su función, ya puede deducirse por qué no se aplica la justicia como debiera.
Con tantos casos relevantes de presumible corrupción y que ninguno de los inculpados haya recibido alguna sanción en todo este tiempo, mucho menos que haya pisado la cárcel, todo parece indicar que la impunidad seguirá estando garantizada para los probables responsables ─ y otros que vengan─, al menos por los próximos dos años y ocho meses en los que un Juan Manuel Carreras, despreocupado por combatir la corrupción con tal de no enfrentarse con algunos de sus semejantes que también tienen influencia y poder, seguirá al frente del gobierno del estado.
