Conde Mejía, “la víctima”, y el nombramiento del nuevo contralor del Congreso del Estado

septiembre 28, 2018
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Alejandro Rubín de Celis

De nueva cuenta la presión social surtió efecto y el contralor interno del Congreso del Estado, Jesús Conde Mejía se vio obligado a renunciar a escasos cuatro días de haber recibido el nombramiento. Los activistas, colectivos y organizaciones empresariales que cuestionaron su designación advertían de un cuestionable historial del contador público a su paso por la Secretaría de Finanzas durante la gestión de ex gobernador Fernando Toranzo Fernández.

Era de esperarse que Conde Mejía, a pesar de anunciar su renuncia, saliera a lavar su imagen al señalar que nunca ha habido un procedimiento de fiscalización en su contra, ni de parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) ni de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Lo que no dijo es que, al menos en el ámbito estatal, desde hace décadas hay un pacto de impunidad donde los integrantes de la clase política se cubren las espaldas unos a otros, y que el órgano local de fiscalización de los entes auditables regularmente ha estado bajo el control del gobernador en turno.

También dijo que renuncia ─entre otros motivos─ porque no quiere que se manche su trayectoria y honorabilidad. Pero ambas cosas, que serían atributos en otras personas, ya están manchadas. Varias actuaciones como Secretario de Finanzas así lo confirman.

El caso más emblemático es sin duda el de los 562 millones de pesos que dejó la administración de Marcelo de los Santos como remanente de un préstamo por mil 500 millones de pesos y que quedaron en las arcas del gobierno Torancista, cuyo destino nunca pudieron aclarar ni el entonces auditor del estado, Héctor Mayorga Delgado, ni el ex secretario de Finanzas. Quien lo aclaró finalmente fue el notario Eduardo Martínez Benavente tras una investigación y un largo litigio.

Pero no fue el único caso que motivó dudas sobre la actuación de Conde Mejía. También estuvo involucrado, por complicidad o encubrimiento, en los viajes de placer y descanso que el ex gobernador Toranzo hacía con recursos del erario público; en la contratación de asesores patito que supuestamente ofrecían “servicios de asesoría especializada” y que resultaron ser empresas modestas de otros giros; en el presunto desvió de recursos obtenidos por concepto de la tenencia vehicular, originalmente destinados a educación y salud, y gastados en otros rubros; en la asignación directa ─y presumiblemente ilegal─ de contratos a la empresa Cosmocolor para la producción de tarjetas de circulación y licencias de conducir; en la turbia y compleja trama financiera en la que Oziel Yudiche involucró a la Dirección de Pensiones del Estado ─uno de cuyos asientos en la Junta Directiva es para un representante de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado─ y en la que se invirtieron 370 millones de pesos de fondos de los trabajadores, lo que motivó la denuncia de un sindicato en contra del ex secretario de Finanzas como corresponsable del presunto fraude.

Con Jesús Conde en la Contraloría Interna del Congreso del Estado, el experimentado y cuestionado diputado, Cándido Ochoa pretendía tener todos los hilos en la mano para seguir reproduciendo los vicios de otras legislaturas ─particularmente la pasada─ para obtener beneficios particulares. Con Héctor Mayorga en la Unidad de Evaluación y Control ─otro personaje de negro historial, especialista en maquillar cuentas, como lo hizo con la Cuenta Pública 2009 de Marcelo de los Santos─, con Rocío Cervantes, titular de la ASE ─organismo que ahora lava sus pecados y se compromete a actuar con integridad y rectitud─, y con Jesús Conde en la Contraloría, cerraba la pinza para hacer de las suyas con el apoyo de legisladores de otras fracciones parlamentarias, especialmente los más colmilludos y tenebrosos.

¿Cuál fue el criterio para otorgar los nombramientos en puestos clave del Congreso del Estado? El de siempre, el reparto de cuotas partidistas. Los diputados de Morena se prestaron al juego y aceptaron que la fracción panista designara a Martha Elva Zúñiga en la Dirección de Finanzas ─también cuestionada por organizaciones de la sociedad civil─ y que la del PRI lo hiciera con Jesús Conde Mejía, con tal de que les dejaran la Oficialía Mayor, que quedó a cargo de Marcelina Oviedo. ¿Algún criterio de honorabilidad, decencia, calidad moral, combinado con las capacidades técnicas necesarias? Ninguno. Y el acuerdo, como siempre, en lo oscurito.

Colectivos y organizaciones ciudadanas demandan a los diputados que documenten la forma como decidieron hacer estos nombramientos y así lo exige el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, de manera que están obligados a dar una explicación clara y documentada al respecto.

Las organizaciones y activistas inconformes con los nombramientos de Conde Mejía y Martha Elva Zúñiga han presentado una propuesta para que se modifiquen ordenamientos legales a fin de que se integre un Comité Ciudadano Asesor para el nombramiento del nuevo contralor del Poder Legislativo. La propuesta es digna de tomarse en cuenta en aras de romper con las formas tradicionales de nombrar funcionarios que a lo único que conducen es a proteger intereses y privilegios de unos cuantos.

Es indispensable que los funcionarios que ocupan puestos clave en el Congreso ─y en otros órganos de gobierno donde se toman las decisiones─ sean seleccionados bajo criterios, no sólo de capacidad técnica probada, sino también de probidad, decencia, honorabilidad y rectitud, y que el mecanismo para seleccionar a los mejores perfiles sea abierto y transparente, para evitar que sigan prevaleciendo las cuotas de partido o los dedazos.

El diputado morenista Edson Quintanar peca de ingenuo al decir que los diputados ─se referirá a los de Morena y quizá algunos más─ “nos vamos a encargar de vigilar cada uno de los puestos, los vamos a vigilar con una lupa grande”. Pues ya ha quedado de manifiesto que con cierta facilidad los más avezados y manipuladores les comen el mandado. Y eso que apenas empiezan.