Por Victoriano Martínez
Cuando Ricardo Gallardo Juárez realizó su ante-precampaña por la alcaldía de San Luis Potosí, desde mediados de 2014 recorrió las colonias populares para realizar reuniones en las que exponía que haría en la capital lo que había hecho en Soledad.
Cuatro años después, todo indica que haber cumplido ese ofrecimiento le costó una derrota electoral apabullante.
Las secuelas de lo que la gallardía hizo en Soledad y vino a repetir en la capital todavía son puntos que requieren corrección no sólo en el municipio de San Luis Potosí, sino también en el de Soledad de Graciano Sánchez.
Aunque siempre ha presumido de ser transparente, la gallardía se ha caracterizado por la adopción de medidas que inhiben el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Como alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Gallardo Juárez cobró las copias simples por atención a solicitudes de información más de cuatro veces más caras que otros entes obligados y casi siete veces más caras que lo que establecía la Ley de Transparencia vigente en ese momento.
Al asumir la alcaldía Ricardo Gallardo Cardona, artífice de la gallardía según su libro biográfico, encareció el costo de las copias simples por transparencia al aumentarlas mil 534.5 por ciento. Cada copia simple la cobraron a un salario mínimo vigente en 2013.
Desde entonces, el costo de las copias simples por transparencia en Soledad estuvo ligado al salario mínimo y ahora a la unidad de medida y actualización (UMA).
Por eso hoy cada copia en el ayuntamiento de Soledad cuesta 80 pesos con 60 centavos, y por 253 copias exige el pago de 20 mil 391 pesos.
Cuando Ricardo Gallardo Juárez presentó su primera iniciativa de Ley de Ingresos, la de 2016, de inmediato importó a la capital ese obstáculo al ejercicio del derecho de acceso a la información pública, aunque alguien le recomendó moderación: las puso a una tarifa de medio salario mínimo.
Una ganga comparado con lo que se hacía en Soledad. ¡A mitad de precio!
Astrolabio Diario Digital lo denunció desde que aquella medida que atentó contra la transparencia era todavía una iniciativa no aprobada.
A los diputados les pasó de noche ese diciembre de 2015, pero también los diciembres de 2016 y 2017. Y no sólo con el caso de la capital, sino también con el de Soledad.
Ante cualquier reclamación a las administraciones municipales, sacaban el escudo de que los diputados los habían avalado.
Los reclamos ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública no alcanzaron para más que ese costoso organismo, que lejos de garantizar el derecho lo obstaculiza, fue un tímido pronunciamiento de recomendación, a los ayuntamientos, de no encarecer las copias.
Están por presentarse al Congreso del Estado las iniciativas de leyes de ingresos para 2019.
La mayoría son nuevas administraciones municipales (salvo reelecciones como en Soledad), el Congreso del Estado también está renovado, pero el riesgo de que se mantenga el obstáculo a la transparencia sigue siendo el mismo.
La aprobación de esas iniciativas, en muchos aspectos, es una oportunidad (como lo es cada año) para que los diputados las aprueben con apego al interés de la población.
En el tema de transparencia tienen una oportunidad de pronunciarse a favor de una mayor apertura, no abaratando el costo de las copias, sino simplemente con ajustarlo a lo que ordena la Ley de Transparencia.
ARTÍCULO 165. En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de: I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información…
Si hay negocios en los que la copia simple, carta y oficio, cuesta 35 centavos (que incluyen su utilidad), significa que el costo es inferior a esa cantidad.
El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez cobra hoy las copias a 230 veces lo que marca la Ley de Transparencia, es decir, con lo que hoy cobra por 1.1 copia tendría que entregar las 253 que implican la respuesta a Ciudadanos Observando.
En el caso de la Capital, la gallardía dejó el costo de una copia a 115 veces lo que ordena la Ley de Transparencia.
Las nuevas autoridades municipales (incluidas las reelectas) habrán de manifestar su voluntad de transparencia al fijar esa cuota y algo más: su voluntad de apegarse a la Ley de Transparencia.
A la CEGAIP le toca impulsar que esa tarifa se apegue a la Ley de Transparencia y a los diputados del Congreso del Estado les toca hacerla cumplir.
Para el 15 de diciembre habrán de quedar expuestos en este tema.
