Por Victoriano Martínez
No es que se tenga una visión pesimista de lo que pasa en la vida pública, es simplemente lo que con sus actos exponen quienes ocupan hoy altos cargos en el sector gubernamental.
Uno. Un Juan Manuel Carreras López que como primer mandatario no asume su responsabilidad de frente a la ciudadanía ante crisis como la que se da en materia de seguridad con la renuncia del director general de Seguridad Pública del Estado, señalamiento de estrategias fallidas incluido.
Si en materia ecológica exhibió su hipocresía al pedir la protección a la Sierra de San Miguelito y luego promover la afectación irreversible de más de 490 hectáreas en esa área, y por si fuera poco el incumplimiento de una recomendación de la CNDH para tomar medidas de control sobre la contaminación atmosférica, en un tema tan sensible como la seguridad minimiza el problema.
La insuficiente declaración de Carreras López para ubicar el conflicto en meras diferencias de carácter operativo debió ser matizada por Alejandro Leal Tovías, secretario de gobierno, con un anuncio que ni él mismo se creyó: el gobernador platicara con el renunciante sobre sus señalamientos.
Dos. Un Poder Legislativo integrado por personajes incapaces de transparentar auténticamente el manejo de su presupuesto, con moches sobre sus asesores, contradicciones sobre lo que reciben realmente y escudándose en el falso argumento de un golpeteo político, como si eso borrara sus fechorías.
Para colmo, simulando un apego a la legalidad para dar largas a las sanciones que deben aplicar a dos es diputadas y al ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez por ilegalidades cometidas que ya acreditaron tribunales federales.
Tres. Un ayuntamiento que avanza lento en la integración de denuncias y la aplicación de sanciones a ex funcionarios municipales, cuya última novedad es que ya se podrá avanzar con el menos siete casos que trataron de bloquear las acciones en su contra a través de amparos que, informó el contralor municipal, ya fueron rechazados.
Si bien las muchas denuncias del actual en contra del anterior ayuntamiento no se han dado al ritmo que los anuncias ofrecieron, resulta que también ya cuenta la actual administración municipal con un proceso de investigación en su contra por el desalojo de la oficial del Registro Civil número 11.
Cuatro. Una Fiscalía General del Estado a la que se le tiene que exigir reconocimiento del interés jurídico de la ciudadanía para denuncias a sus malos gobernantes, simplemente porque estos personajes la presionan.
Se trata de casos sobre los que esta semana hubo información y muestran un panorama de malos resultados en la gestión pública.
Un vistazo a las semanas anteriores acumularía más casos que no alimentarían ningún optimismo, pero tampoco –por verlos o enumerarlos– harían acreedor a quien lo observe del calificativo de pesimista, porque es la realidad que con sus actos configuran quienes hoy ocupan cargos públicos.
Corone ese panorama con una campaña abierta de promoción de Ricardo Gallardo Cardona por la Huasteca, ahora como pollo verde, y con la afirmación de Cándido Ochoa Rojas de que se difama al diputado porque hasta absuelto salió de un proceso penal federal, cuando no fue así.
El amparo que lo liberó de la cárcel de Ocampo, Guanajuato, describe claramente la comisión de un desvío por más de 209 millones de pesos del que no se le acusó en el proceso y por eso fue liberado. Tan es así, que perdió el amparo 714/2015-II, con el que pretendía que le descongelaran varias cuentas bancarias.
Si describir lo que hoy pasa pudiera parecer pesimista, que se traten de cambiar hechos para posicionar personajes con miras al 2021 debería ser motivo de alerta.
Por cierto, ¿el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana ya habrá comenzado a monitorear las actividades de tantos personajes políticos distraídos con el canto de las urnas del 2021, por aquello de actos anticipados de campaña?
Si hay calenturas precoces, tendría que haber medidas preventivas.
