Xochiquetzal Rangel
En rueda de prensa, José de Jesús Sierra, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), indicó que están a la espera de que un juez federal resuelva el amparo interpuesto contra el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, por la omisión de incluir al CPC en el presupuesto del Sistema Estatal Anticorrupción.
Explicó que, el hecho de no haber sido incluidos en el presupuesto de siete millones que solicitó el SEA y que por ley está estipulado para la operatividad del Comité, se debe al bloqueo por parte del gobierno, desde que iniciaron sus funciones.
Indicó que, el Congreso del Estado, tampoco resolvió la situación, debido a que, según dijo, están al servicio del ejecutivo, por lo que tuvieron que acudir con un juez federal para presentar la demanda de amparo por la falta de asignación de presupuesto.
“Esta demanda de amparo es contra el gobernador del Estado y contra el Congreso del Estado (…) la idea del amparo es que el juez federal le ordene al final al gobernador, que efectivamente nos incluya en ese presupuesto, independientemente de cómo está publicado en el periódico Oficial del Estado”, mencionó.
Expresó que, el monto solicitado es para poder crear una plataforma, en la que se deben publicar los informes de las dependencias gubernamentales que no se han publicado en las plataformas de transparencia, ya que dicha plataforma cuesta aproximadamente 300 mil pesos crearla y en promedio, 30 mil pesos mensuales de mantenimiento, según informó.
Asimismo, indicó que el CPC promoverá otro amparo ante un juez federal por el desvío de 800 mil pesos que la Secretaría de Finanzas destinó para el Sistema Estatal Anticorrupción, pero que gastó la Contraloría General del Estado en un equipo de cómputo, capacitación y un premio.
“Vemos que es un fraude y por eso presentamos una denuncia allá en Ciudad Valles, que se turna a la Fiscalía General del Estado en San Luis Potosí, desde el 12 de noviembre de 2018 y a partir de noviembre hasta hoy, no ha sucedido nada, no se ha girado el oficio de investigación, no se ha comunicado la radicación de la denuncia en San Luis”, explicó.
Finalmente, indicó que como parte de la impunidad que existe en el estado, las 35 o 40 denuncias “traducidas en carpetas de investigación”, contra los diputados de la pasada legislatura por fraudes, no han tenido seguimiento y que por el contrario siguen en la Fiscalía en las mesas a las que fueron turnadas.
“Ahí están guardaditas, están cumpliendo el sueño de los justos, no caminan”, finalizó.
