Por Victoriano Martínez
Se llega al fin de la última semana de septiembre y quedan cerrados varios ciclos.
Con ellos, durante el mes se hicieron varios cortes con presuntos informes de actividades, de resultados y/o de gobierno anuales.
El 12 de septiembre, los diputados de la hasta ahora Legislatura más corrupta de la historia, adelantaron a puerta cerrada su informe anual a la sociedad… con sólo ellos mismos como receptores.
El 20 de septiembre, Juan Manuel Carreras López rindió su tercer informe de gobierno ante un auditorio a modo, con la presunción de datos a conveniencia y de alto contraste con su principal política pública: Lo que les ofrezca públicamente, en los hechos lo contradigo.
El 26 de septiembre, Ricardo Gallardo Juárez en un informe de alto contraste con sus dos anteriores, también lo aprovechó para asegurar que tomó la derrota con madurez y al mismo tiempo culpar de la misma a intereses oscuros, y al árbitro electoral por parcialidad. Sí, pero no, pues.
Tres actos que debieron rendir culto a un derecho humano de los potosinos, pero que –nada cambia– una vez más fueron instrumento de culto a la personalidad… y para darle la espalda a la ciudadanía.
Tres actos que tendrían que haber tenido como resultado que los potosinos conocieran más sobre el estado que guarda la administración pública… pero no fue así.
Lo más que se puede saber, y no por esos actos, es que de cada 100 pesos que administran esos que se niegan a informar, 17.96 (casi 18) pesos son malgastados.
El dato surge del manipulado dictamen sobre los informes presentados al Congreso del Estado por la Auditoría Superior del Estado. El mismo que generaron en la ilegalidad. El mismo sobre el que recaen sospechas de manipulación para que las irregularidades no se aprecien en su real magnitud.
Si maquilladas las cifras en informes de auditorías el ocultamiento de lo irregular deja ver ese nivel de mal uso de los recursos públicos, a cada quien le asiste el derecho a especular lo que se oculta en informes que no los son, por ser usados como actos para presumir resultados que están muy lejos de ser a los que están obligados en sus funciones.
Sí, tres actos que le limitan el derecho a saber de la ciudadanía a tener indicios de lo que es sospecha generalizada: campea la corrupción en la administración pública a tal grado que se ven obligados a manipular la rendición de cuentas a su favor.
Cierra la última semana del mes con este viernes en que se conmemora el Día Internacional del Derecho a Saber, pues, con un balance de que las autoridades una vez más demuestran que lo que menos les interesa son los derechos de la población cuyas contribuciones no las administran, se las apropian.
