Por Victoriano Martínez
El Congreso del Estado tiene previsto votar hoy las cuotas y tarifas que aplicará durante 2019 el INTERAPAS por el servicio de agua potable en la ciudad, con un incremento del 39.85 por ciento.
Una medida que afectará a la gran mayoría de la población, especialmente a aquellos que se esfuerzan por estar al corriente en los pagos, a quienes hoy se les pretende cargar el costo de un presunto rescate del organismo operador de agua.
Un daño al bolsillo de los potosinos que exhibe a los distintos servidores públicos involucrados directamente, y a otros apuntados oficiosamente, como simples interesados en llevar agua a su molino, antes que garantizarles el líquido a un costo razonable para la situación económica actual.
Un INTERAPAS muy enfocado a fines recaudatorios, que hasta incorporó a las cuotas y tarifas algo no incluido en la ley vigente este año: las copias simples por transparencia a un costo de 47.13 pesos. Incorporar algo a un documento que no lo tiene no puede ser un error involuntario.
Justificar el incremento al agua con una comparación entre el precio de dos refrescos de 2.5 litros con lo que representa el incremento a las tarifas del agua, como si contar con un servicio tan vital fuera opcional, resulta desproporcionado y revelador de los fines recaudatorios.
Sobre todo porque desde el 15 de abril de 2014, la Constitución Política del Estado reconoce, en el último párrafo del artículo 12, como un derecho humano el acceso al agua de calidad.
Agregue unos diputados que una vez más muestran que suelen aprobar disposiciones sin haber analizado la información pertinente y ni siquiera leído completo el documento que votarán, al grado de que no sabían que también autorizarían una tarifa inhibidora del derecho de acceso a la información pública. Un atentado a otro derecho humano.
“En esa parte no me he metido, pero me estoy yendo al problema más fuerte”, afirmó Rolando Hervert Lara, el diputado panista que considera a la sede del Poder Legislativo como “su casa”, en la que no se pueden realizar reuniones de ciudadanos por éstos son “sus enemigos”.
Queda claro que no atienden al interés de los ciudadanos, a quienes consideran “sus enemigos”.
Y en ese correr de agua revuelto, un Ricardo Gallardo Cardona que se asume Pigmalión de la comunidad y anuncia la presentación de 50 mil firmas en contra del aumento a la tarifa, cuando su sola firma en un pagaré a favor del INTERAPAS el 3 de diciembre de 2012, siendo alcalde e integrante de la Junta de Gobierno, exhibe cómo antepone su interés particular al del organismo.
Más que la situación del INTERAPAS, es el acceso al agua de calidad el que se ha dejado de ver como una obligación a atender como derecho humano.
Que suba la tarifa para enfrentar los gastos y quedar bien, antes que hacer el esfuerzo por recuperar una cartera vencida que a todas luces creció por una negligente cobranza y es parte importante de la crisis del organismo, es tomar la ruta fácil aunque afecte a la población en general.
Se trata, pues, de una postura que podría tomarse como una confesión de que la negligencia en la cobranza continuará, porque no es alternativa para no afectar más al bolsillo de los usuarios cumplidos.
Un juego más de funcionarios públicos enfocados en sí mismos antes que en resolver los problemas con las mejores condiciones para aquellos a quienes se supone deben servir.
