COLUMNA RETRO
El curso de los acontecimientos en una ciudad como San Luis Potosí deja relatos y análisis que parecieran de mera coyuntura. No obstante, el devenir de la historia de un pueblo muestra ciclos en los que algunas actitudes parecen resurgir. Por ello hemos considerado oportuno reproducir el texto de una colaboración presentada por Eduardo Martínez Benavente en el noticiero de Canal 7 el 26 de mayo de 1998, a propósito de la disputa por la tierra entre ejidatarios, comuneros y desarrolladores inmobiliarios. Escenarios que suelen presentarse y que es necesario recordar, para que no vuelvan a repetirse. Agradecemos a Martínez Benavente su disposición para reproducir este texto.
Por Eduardo Martínez Benavente
Canal 7 / 26 de mayo de 1998
Sólo un necio podría oponerse al desalojo y limpia de los terrenos del camino a la presa San José, declarados el 5 de junio de 1996, como área natural protegida bajo la modalidad de parque urbano. Sin embargo, lo que en esta ocasión impugno es el procedimiento que utilizó la autoridad judicial para despejar de supuestos invasores a ese terreno, porque violó las garantías constitucionales de audiencia y seguridad jurídica de sus ocupantes. Considero que el Juez Sexto del Ramo Penal que ordenó el desalojo se excedió en sus atribuciones y debe ser sujeto de un juicio de responsabilidad como servidor público.
El delito de despojo nunca se cometió por parte de los compradores de buena fe que se asentaron en ese terreno. Todos ellos tenían derecho a ocuparlo en virtud de que habían pagado un precio a un vendedor que tenía un título de propiedad en el Registro Público de la Propiedad y además se les entregó la posesión del inmueble. El Ayuntamiento de San Luis Potosí que también tiene una escritura que ampara la misma propiedad no suspendió las construcciones que poco a poco se iban levantando sin su licencia, no obstante que tiene facultades para hacerlo. De tal manera que con esta omisión consintió en la ocupación del inmueble que hicieron los compradores.
Para los miles de paseantes que frecuentan el camino de la presa de San José era desesperante que el gobierno municipal no actuara y veían cómo iba creciendo la mancha del asentamiento humano. Los medios de comunicación y el Patronato Pro Conservación de ese parque público advirtieron una y otra vez de las construcciones ilegales que se estaban edificando y el riesgo de que nos estaban despojando de esa parte del patrimonio inmobiliario de los potosinos. Y nadie hizo nada. Permitieron que el conflicto se agravara. Podían haberlo detenido desde que se trazó la primera calle o cuando se vendió el primer lote de terreno. El vendedor, Francisco Pérez Morales, incurrió en el delito que cometen los fraccionadores que carecen de permiso de las autoridades para fraccionar o dividir un inmueble. Así, sin servicios municipales ni licencias transfirió la propiedad y entrego la posesión de los lotes de terreno. La ley castiga esta conducta con una pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 100 a 300 días de salario, sin perjuicio de las sanciones que le puedan corresponder si cometen algún otro delito contra el patrimonio.
El Juez Penal sólo debió girar orden de aprehensión en contra de Pérez Morales por este delito. Pero no debió ordenar el desalojo de las familias que habían comprado dichos inmuebles y menos autorizar la demolición de las fincas. Este caso tenía que haberse resuelto ante un Juez Civil. El ayuntamiento debió demandar la nulidad absoluta del proceso fraudulento relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Alejandrina Pérez Morales en el que se le adjudicaron a su heredero, Francisco Pérez Morales, diversas superficies que suman más de 356 hectáreas. Previamente la autora de la sucesión había realizado varias operaciones de compra venta por más de 500 hectáreas de terreno ubicadas en las inmediaciones de la presa de San José, en las que se están realizando trámites para construir fraccionamientos de lujo. El Ayuntamiento debió demandar también la nulidad de las escrituras de compra venta que se otorgaron y como consecuencia de la declaración de nulidad el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes. Hace unas cuantas semanas, el Gobernador del Estado citó en su despacho al vendedor para ordenarle que suspendiera las operaciones de compra venta y devolviera las cantidades recibidas. Ahí mismo le advirtió que sería consignado a un juez penal si no solucionaba su problema. Le cumplió. Ahora se encuentra a disposición del juez por los delitos de despojo y fraude genérico.
La falta más grave que se cometió en este asunto, y que ha provocado todos estos conflictos consistió en que el Juez Primero de lo Familiar, en septiembre de 1991, Licenciado José Merced Ponce Blanco, aprobó el inventario t avalúo de esta sucesión, y sin que existieran antecedentes de propiedad e inscripción en el Registro Público de la Propiedad adjudicó 4 fracciones de terreno al señor Francisco Pérez Morales. Posteriormente, en mayo de 1995, la Juez Amparo Imelda Reyes Ramírez, hizo otro tanto con dos terrenos que el albacea adicionó a la sucesión porque no los había incluido en un principio. Los jueces debieron haber rechazado el listado de bienes inmuebles de la sucesión hasta que ésta acreditara fehacientemente la propiedad. Nunca debieron aprobarlo, porque nunca demostró la sucesión que era dueña de los inmuebles. Los registradores debieron hacer lo mismo y sin embargo registraron las escrituras; lo que aprovechó el heredero, Pérez Morales, para simular diversas operaciones de compra venta que realizó con sus otros hermanos y amigos, con el objeto de que se perdiera la pista de que estos predios no tenían antecedentes de propiedad. El albacea intentó acreditar derechos de propiedad sobre estos inmuebles con una fotocopia simple del recibo de pago del Impuesto Predial a nombre de su hermana Alejandrina Pérez Morales que acompañó a su denuncia.
Alguien muy poderoso le brindó impunidad al vendedor. Nadie lo tocó. Esto le permitió realizar cientos de operaciones de compra en perjuicio de la economía de otros tantos compradores de buena fe a los que no se les advirtió el riesgo en el que estaban incurriendo. Se trataba de adquirientes que con 4 mil pesos, en abonos de 500 pesos y con un interés del 8 por ciento mensual, se podían hacer de un terreno para construir su propia casa. Ahora nadie les restituirá el dinero que invirtieron en sus precarias construcciones y menos les devolverán el precio que pagaron a su vendedor. Lo más que se le ocurrió ejecutar al actual Secretario General de Gobierno para evitar que se siguiera engañando a estas personas fue girar a los notarios un oficio, sin fundarlo ni motivarlo, para que se abstuvieran de autorizar escrituras en ese terreno.
El Ayuntamiento de San Luis Potosí acredita plenamente con una serie ininterrumpida de escrituras que se remontan hasta el siglo pasado su propiedad sobre esta área que adquirió mediante decreto 77, de fecha 15 de abril de 1959, en el que el Gobierno del Estado le cedió todos los bienes destinados al abastecimiento de agua para que el municipio de la capital se hiciera cargo de ese servicio, como una función pública municipal. En el último antecedente de propiedad aparece una superficie menor a la que realmente le corresponde, pero las colindancias del área adquirida que se describen en el documento y de acuerdo a mojoneras que se instalaron en esa época se puede precisar que la superficie exacta y rectificada de acuerdo a levantamientos topográficos que existen, a esta propiedad municipal le corresponde una extensión de más de 512 hectáreas que se ha visto reducida a menos de la mitad por las invasiones del fraccionamiento Lomas Cuarta Sección y por otros particulares que con títulos deficientes se han apoderado de más de 300 hectáreas, ante la pasividad o complicidad de las administraciones municipales que no han defendido esta parte del patrimonio inmobiliario de los potosinos.
El martes de la semana pasada fueron desalojadas decenas de familias del lugar por más de 200 agentes de Protección Social, de Seguridad Pública Municipal y de la Ministerial del Estado en un operativo que tuvo lugar en la madrugada. Sin ninguna notificación de por medio y sin ser escuchados se ejecutaba la ilegal orden del juez. No les dieron oportunidad de defenderse y presentar los documentos que acreditaran su propiedad. A nadie le importó su suerte. Con excepción de algunos cuantos periodistas que alzaron la voz en su defensa. Dirán los demás que están acostumbrados a que les sucedan toda clase de tragedias y a sufrir sus consecuencias. Los afectados no tuvieron capacidad para organizarse y protestar por las arbitrariedades. Ese mismo día pesadas máquinas se encargaban de limpiar el terreno. Se dio la orden de ayudarlos a trasladar sus objetos y materiales de construcción rescatables a domicilios de familiares. Sin reservas territoriales para resolver estas necesidades, el Gobierno del Estado alojó a 12 familias en la Casa del Campesino. Otra vez entre apapachos y golpes se afectaba a los más indefensos. Rasgos de una autoridad histérica. Contra los otros compradores, los de las grandes extensiones, no se hizo nada. Permanecer quietos esperando que un Presidente Municipal amigo o socio les autorice sus empresas. Una vez más, en San Luis Potosí se aplica selectivamente la Ley. El Gobernador Silva Nieto se lucía, finalmente demostraba que su gobierno no es débil, aunque para probarlo tuviera que utilizar a un montón de desdichados que no cuentan con recursos económicos para pagar un buen abogado que los defienda. Quedaba claro que no tolerará invasiones, simultáneamente desalojaba a 40 ocupantes del predio experimental El Estribo en la huasteca potosina, propiedad del gobierno federal.
El alcalde de la capital también se adjudicaba el desalojo. Su participación en realidad había sido marginal. Presumía su satisfacción por haber recuperado la reserva ecológica del camino a la presa de San José que serviría para el esparcimiento de la sociedad. Varias patrullas cuidan el terreno para que ni se les ocurra regresar a sus ex ocupantes. Un alcalde con doble moral: implacable y justiciero con los débiles. Dócil y servil son los poderosos a los que nunca exigirá que reparen el daño que le han infringido a nuestro patrimonio. Impensable iniciar una investigación para conocer los antecedentes de propiedad de varias secciones del fraccionamiento Lomas que se adentran arbitrariamente en el polígono municipal. Cuestión de suspicacias que a veces no resultan descabelladas. Es tal el desorden inmobiliario que recientemente las autoridades municipales no supieron precisar si los terrenos en los que se van a construir las instalaciones del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología están dentro de la superficie destinada a la reserva ecológica, ni el plano encontraban.
Esta política de defensa a la ecología del Estado no siempre se cumple y es otra más de las incongruencias de la administración pública, que por un lado sale a la defensa de esta zona de recarga del acuífero de la ciudad, que además sirve de espacio de esparcimiento para las familias potosinas, pero por el otro se permitió que el 18 de agosto de 1995, Urbanizadora del Sur de San Luis, S.A. de C.V., se hiciera a unos cuantos metros de este lugar, de más de 500 hectáreas de terreno de manera ilegal, sabiendo que se trata de una superficie destinada a la conservación y restauración de la vida silvestre que, por su naturaleza, no puede entrar al comercio.
Este acto de corrupción gubernamental viola las normas que sustentan el principio de que toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, por ende, es responsabilidad de las autoridades, tanto estatales como municipales, tomar las medidas necesarias para garantizar y preservar el ejercicio de este derecho.
