- Y Gallardo da el último zarpazo: abarata terrenos municipales y autoriza nuevos fraccionamientos.
Alejandro Rubín de Celis
No ha habido y seguramente no habrá ─ya queda muy poco tiempo─ un gesto de buena voluntad de las autoridades del Ayuntamiento de San Luis Potosí para facilitar información a la Comisión de Recepción del nuevo gobierno para analizarla con suficiente tiempo y saber cuál es el estado real que guarda la administración municipal. Lo que sí hay en forma creciente es la sospecha de que hay movimientos internos para dejar las cuentas lo más claras posibles de una gestión que ha dado sobradas muestras de presuntos actos de corrupción y de una enorme opacidad.
Dos reuniones han celebrado representantes de la administración saliente y la entrante. En la primera, celebrada el 17 de julio, el contralor municipal, Joaquín Rodrigo Lecourtois López, mostró aparente buena disposición de colaborar con el equipo del alcalde electo Xavier Nava, aunque antepuso disposiciones de ley que alargan el procedimiento. El funcionario habló de realizar una serie de pláticas en las que supuestamente los solicitantes de información podrían “observar de manera clara y transparente el trabajo que realiza esta administración”.
Pero tres días después, el secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Barajas Ábrego fue tajante al advertir que la ley les otorga todo el mes de agosto para nombrar a la Comisión de Entrega ─sin la cual no puede iniciar el proceso formal de entrega-recepción─. La Comisión de Recepción le solicitó como gesto de buena voluntad que suministraran información a la brevedad, sobre todo aquella que es pública por ley y que no se había subido a la página de internet del Ayuntamiento, pero el funcionario fue implacable: “independientemente de la buena voluntad, está la ley”. ¿Qué la lógica no dice que debería ser al revés?: independientemente de la ley, está la buena voluntad. Si realmente no tienen algo que ocultar, ¿por qué no comenzaron a mostrar información a los solicitantes?
Es muy simple: si como dice Barajas Ábrego “no tenemos absolutamente nada que esconder, ni tenemos ningún cochinero, ni estamos quemando documentos, ni estamos maquillando nada”, ¿cuál es el problema de entregar información útil a la administración entrante? ¿De verdad creen que sus interlocutores y la opinión pública son tan ingenuos como para pensar que no hay gato encerrado en ese acto de resistencia? ¿Acaso no se dan cuenta de que perdieron de manera avasalladora precisamente por su opacidad y presumible corrupción? ¿O es que sienten que no les queda otra salida?
No ha habido una sola plática posterior a la del 20 de julio. Desde entonces, en 27 días que han transcurrido, ni siquiera se ha subido información pública al portal de transparencia municipal, necesaria para avanzar en la revisión de un cúmulo impresionante de documentos. ¿Esa es la forma que emplea la administración encabezada por Ricardo Gallardo Juárez para colaborar con la nueva administración, a la que se refería el contralor Lecourtois López?
Volvemos a hacer la pregunta y ahora con más preocupación: ¿que estará pasando al interior de las distintas áreas y departamentos del Ayuntamiento? Se habla de jornadas extenuantes para empleados. ¿Es porque es demasiado el trabajo a entregar ─se supone que vienen preparándose al menos desde el mes de diciembre pasado con simulacros─ o es que se están haciendo cosas indebidas e ilegales para hacer que las cuentas y los informes y todo lo que haya que entregar cuadren de la mejor manera posible?
Terrenos baratos y autorización fast track de fraccionamientos
Y para abonar a su comportamiento opaco y alejado de los intereses de la sociedad, la administración gallardista convoca para este viernes 17 de agosto a una sesión de Cabildo en la que se someterá a votación la subdivisión de predios y la autorización de nuevos fraccionamientos y condominios.
Prácticamente durante toda su administración, Ricardo Gallardo Juárez mantuvo serias diferencias con el sector inmobiliario y de la construcción que opera en San Luis Potosí, al que dejó de pagarle obras ─pese a la promesa de liquidarles─, al que le negó permisos de distinta índole y licencias de construcción o le complicó hasta el cansancio los trámites para obtenerlas ─según denuncias de dirigentes empresariales─, así como la posibilidad de competir para ganar concursos debido a licitaciones amañadas para favorecer a los allegados, ya que buena parte de las obras se otorgaron por adjudicación directa.
Pero como por obra de la casualidad, a mes y medio de terminar su gestión, repentinamente, Ricardo Gallardo decide “congraciarse” con los empresarios inmobiliarios y del ramo de la construcción a los que siempre les cerró las puertas, para ofrecerles terrenos ─que no son suyos─ a buen precio y la aprobación ─fast track, dado el poco tiempo que le queda como presidente municipal─ para que puedan construir fraccionamientos y condominios.
Gallardo aprovecha que la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y el manual respectivo, elaborado por la Auditoría Superior del Estado, establecen como fecha de corte de este procedimiento, para el caso de los ayuntamientos, el 31 de julio, de manera que esta última y sospechosa operación que pretende llevar a cabo el alcalde no aparecerá en la revisión que haga el equipo de la nueva administración, al menos de aquí a que tome posesión (consultar aquí el artículo 63 de la citada ley).
De acuerdo con fuentes acreditadas del sector, personal del gobierno municipal se ha comunicado con empresarios inmobiliarios y constructores para avisarles que con la aprobación que se dará en la sesión de hoy en el Cabildo, tendrán acceso a terrenos baratos que dará de baja el Ayuntamiento, y a los anhelados permisos y licencias que por mucho tiempo les han sido negados.
Especial atención deberá poner a esta aprobación la nueva administración municipal.
Por lo que toca a los empresarios del ramo, ellos no deberían prestarse a esta deleznable maniobra que huele a nuevos actos de corrupción. ¿O sí lo harán los convidados al banquete?