Por Victoriano Martínez
La potosina no puede ser una sociedad informada… y de eso se encargan sus autoridades.
Contrario a lo que pudiera pensarse, la serie que a partir de hoy presenta Astrolabio Diario Digital sobre el Gasto en medios no tiene la más mínima intención de exhibir a nadie, sino únicamente exponer datos que retratan el desvirtuado uso de los recursos públicos en agravio de la libertad de expresión y en perjuicio del derecho de la sociedad a la información.
Estamos convencidos de que el respeto a la libertad de expresión exige que toda autoridad debe abstenerse de interferir con su ejercicio.
Utilizar los recursos públicos para invadir el espacio periodístico con propaganda mata al periodismo y, en consecuencia, atenta contra dos derechos de la sociedad en general: a la libertad de expresión y a la información.
Toda autoridad no sólo debe abstenerse de interferir la libertad de expresión, sino que debe promoverla para que todos los sectores de la sociedad cuenten con una posibilidad real para comunicarse.
Si las autoridades dieran este enfoque al uso de los recursos públicos que hoy destinan a Comunicación Social, abrirían la puerta a más voces y, con ello, a la posibilidad de una sociedad mejor informada.
“En la medida en que el Estado ha asumido el compromiso de respetar y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, se supone que, más allá de no impedirla, a fin de que ésta no sea una simple ilusión, el Estado tiene que adoptar medidas positivas para asegurar que se pueda materializar en la práctica”, escribió Héctor Faúndez Ledesma, en su libro Los límites de la Libertad de Expresión.
No está mal que entreguen recursos a los medios de comunicación, lo que está mal es que lo hagan con fines de propaganda y, al hacerlo, los medios comprometan su libertad para informar y hasta incurran en engaños a la sociedad.
Publicar propaganda como nota periodística es una doble ofensa para el pueblo: (1) se le engaña y (2) para hacerlo se usan recursos públicos. Dos atentados en los que ni autoridades ni medios de comunicación pueden alegar inocencia.
Si José López Portillo acuñó la frase “no pago para que me peguen” –que refleja la actitud de los políticos de ver el erario como propio–, a los políticos hay que recordarles constantemente y de todas las formas posibles que “el pueblo no paga impuestos para que lo engañen”.
En 2017, Juan Manuel Carreras López y Ricardo Gallardo Juárez gastaron 110 millones 526 mil pesos en medios de comunicación… pero la sociedad no está mejor informada.
Y es que ambos políticos usaron ese dinero para atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
Tanto prefieren a una sociedad poco informada, que del uso de esos recursos –que por ley deben transparentar– Carreras y Gallardo también ocultan el destino del 55.53 por ciento, 61 millones 383 mil 193.02 pesos.
Los datos no exhiben a nadie, muestran una realidad. Quien se sienta exhibido es porque en el fondo sabe que está participando de algo que no es correcto.
“Si no quieres que se sepa, no lo hagas”, reza un proverbio árabe.
Si los gastos en medios se aplicaran con verdaderos criterios democráticos, transparentarlos no representaría el menor problema, y los beneficios no serían para políticos y medios de comunicación que pervierten la relación prensa-gobierno, sino que los vería toda la sociedad.
Ese es el tema.
El tema nada tiene que ver con exhibiciones o no, ni con que se pague para que no les peguen.
El tema es que en el uso de los recursos públicos para medios de comunicación debe prevalecer el interés superior de proteger la libertad de expresión y el derecho a la información, una de las principales bases de un sistema democrático.
