Por: Victoriano Martínez.
Obtener copias de documentos públicos del Ayuntamiento de la Capital a través de solicitudes de información fundadas en la Ley de Transparencia costará, durante 2016, 36 pesos con 60 centavos, en tanto que si la información se obtiene tras obtener una resolución favorable ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, el costo será de un peso con 46 centavos.
En el artículo 31 de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento para 2016, cuyo dictamen está por aprobarse este lunes, se establecen las tarifas para el cobro de derechos sobre los servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones y otras similares.
En la fracción XIII señala que “por la reproducción de documento en copia simple por medio de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública” se cobrará por foja el 0.02 de un salario mínimo, que para 2016 equivaldrá a un peso con 46 centavos.
Si se atiende al texto literal de la fracción, estos casos tendrían que ver con las resoluciones de la CEGAIP en las que ordene la entrega de la información que le hayan solicitado al ayuntamiento.
En tanto, en la fracción XV del artículo 31 de la Ley de Ingresos para 2016 señala que “por la expedición de copias derivadas de una solicitud de información” se cobrará por foja el 0.50 de un salario mínimo, es decir, 36.62 pesos por copia.
El costo de la expedición de copias para atender solicitudes de información que se aplicaba este año se multiplicará así por 25, lo que explica que en el rubro el Ayuntamiento considere un ingreso importante por el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
De acuerdo a los ingresos presupuestados, por “Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de información pública y Otras Similares” el Ayuntamiento espera la captación de 2 millones 100 mil pesos.
Si se considera la tarifa de 36.62 pesos por copia, el Ayuntamiento tiene calculado proporcionar durante el próximo año 57 mil 345 copias como respuestas a solicitudes de información.
La medida atenta contra el derecho de acceso a la información pública, pues es considerada dentro de las mejores prácticas en el tema como un inhibidor del ejercicio de ese derecho.
