Alejandro Rubín de Celis
En el que quizá sea el gobierno más denunciado por su opacidad, clientelismo, derroche y presumibles actos de corrupción en los últimos 30 años ─no porque otros no lo hayan sido, sino porque parece ser el que más─, como es el de Ricardo Gallardo Juárez, el proceso de entrega-recepción a la administración entrante genera dudas y suspicacias ante el temor de que se maquillen cuentas e información relevante sobre el estado que guarda la administración municipal.
Confiado en un triunfo que no llegó, el proceso de entrega-recepción, para Gallardo ─al margen de los simulacros que se hicieron previos a la elección─, no sería más que una cuestión de trámite, sin sobresaltos, pues aunque habría una nueva composición del Cabildo, él estimaba que mantendría el control de ese órgano de gobierno con una mayoría de regidores perredistas, y por supuesto de todas las dependencias municipales. Pero ante la aplastante derrota que sufrió, se vio en la necesidad de emprender una estrategia para el control de daños.
Una de las señales de esa estrategia fue la destitución, apenas el viernes 13 de julio, de Ignacio González Rivas como contralor municipal, cargo en el que quedó Rodrigo Joaquín Lecourtois López.
En medio de este inesperado nombramiento las mayores dudas y suspicacias surgen de lo que puede estar sucediendo desde hace varios días ─quizá desde el 2 de julio, cuando Gallardo ya no tenía otra opción más que reconocer su derrota─ y lo que pueda pasar hasta que inicie oficialmente el proceso de entrega-recepción, en las oficinas del Ayuntamiento, entre la burocracia municipal y en el equipo de confianza del alcalde. ¿Se estará trabajando en un proceso normal, abierto y transparente para hacer la entrega de los bienes y recursos municipales, como afirman algunos funcionarios, o hay una operación interna para maquillar estados financieros; alterar o desaparecer informes, actas y documentos comprometedores, o modificar la relación de bienes municipales? Después de todo en esta etapa no hay instancia externa alguna que vigile y supervise las acciones para asegurar una correcta y veraz entrega de lo que hay.
Por supuesto que autoridades municipales han sostenido que no hay anomalías, que durante esta administración se ha actuado conforme a derecho, que todo está bien en el cumplimiento de las responsabilidades de funcionarios y dependencias, y que no se dejará una deuda mayor a la que se recibió de la administración encabezada por Mario García Valdez. Pero lo mismo dice cada gobierno saliente y luego vienen las sorpresas y los reclamos.
El artículo 17 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí establece un plazo de 20 días hábiles ─no 45 días antes de la toma de posesión de la nueva administración, como dijo el contralor municipal─ como límite para iniciar el proceso de entrega-recepción, a partir de que la autoridad entrante haya sido legalmente reconocida por el organismo electoral competente, hecho que sucedió el pasado 5 de julio. De este modo, la administración saliente tiene hasta el 1 de agosto para arrancar formalmente este procedimiento. Todavía le quedan 12 días ─a menos de que decida hacerlo antes─ para operar cualquier modificación o alteración que quisieran hacer sin que nadie les diga nada.
El contralor Rodrigo Joaquín Lecourtois sostuvo el pasado 17 de julio una reunión con miembros de la Comisión de Recepción del alcalde electo, Xavier Nava Palacios. ¿Dónde estaba Ricardo Gallardo Juárez que el día anterior supuestamente había retomado su cargo, para recibirlos y atenderlos? ¿Dónde estaba el alcalde al que le encantaba salir a diario en los medios con todo tipo de personas y grupos para promover su imagen con dinero ajeno? Nadie supo, excepto seguramente sus más cercanos colaboradores ─por cierto, sigue sin aparecer públicamente hasta la fecha y el Ayuntamiento pretende engañar a la opinión pública con una fotografía del pasado mes de febrero donde aparece su imagen, y con un oficio del secretario del Ayuntamiento dirigido a los integrantes del Cabildo─.
El encuentro con el contralor interno fue cordial según reporta la prensa y hubo una aparente buena disposición del funcionario para iniciar pláticas en estos días y demostrar supuestamente que todo lo que habrá de entregarse se ha manejado y operado de manera normal, con transparencia y apego a la ley.
Ya podremos comprobar en estos días si el compromiso del funcionario es genuino o si lo hizo únicamente para quitarse de encima a los integrantes de la Comisión de Recepción del equipo de Nava y darles atole con el dedo, para eventualmente dar mayor tiempo a la administración gallardista de arreglar aquellas cosas que estén mal, como el asunto de la compra de medicamentos por 66 millones de pesos a la fantasmal Sandra Sánchez Ruiz, por mencionar sólo un caso.
Luego vendrá el proceso de entrega-recepción oficial. El alcalde electo Xavier Nava e integrantes de su equipo más cercano han insistido en que revisarán “con lupa” todos los documentos y bienes que habrán de recibir en el proceso de transición, y que de encontrar irregularidades se presentarán las denuncias necesarias ante las autoridades competentes ─¿o habrá que decir más bien incompetentes?─.
Pues la sociedad espera que esa lupa funcione bien, de manera que puedan detectar posibles y quizá muy finas alteraciones y maquillajes en programas, acciones, estados financieros, obras, bienes y todo lo que tiene que ver con la responsabilidad municipal, y que se emplee con auténtica voluntad política para que se castigue a quienes hubieren incurrido en anomalías y dañado el patrimonio común, sin miramientos, sin evasivas o con la intención de evitarse problemas con el grupo caciquil que va de salida.
Veremos.
