Oswaldo Ríos
La violencia, la corrupción y la impunidad son los más grandes problemas de México y todos tienen la misma explicación: ausencia o insuficiencia de Estado de Derecho.
A principios de esta semana fue presentado el valioso estudio Índice de Estado de Derecho en México 2018 realizado por The World Justice Proyect, prestigiada entidad académica que desde hace 10 años realiza mediciones mundiales y que, en esta ocasión, presenta por primera vez una medición subnacional, es decir, que compara las 32 entidades federativas entre sí, lo que constituye una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en el país.
En el ranking nacional del índice, San Luis Potosí ocupa la posición número 19 de 32 entidades federativas con un puntaje de 0.39, cifra idéntica a la media nacional del estudio y a los puntajes de los estados de Chiapas, Chihuahua, Colima y Oaxaca.
Llama la atención que los estados vecinos con los que compartimos similitud en tamaño poblacional como Aguascalientes, Zacatecas, Querétaro y Guanajuato tienen mejores resultados que el nuestro.
La medición está compuesta por 8 factores (cada uno integrado por un determinado número de subfactores) que promediados determinan la calificación general:
- Límites al poder gubernamental
- Ausencia de corrupción
- Gobierno abierto
- Derechos fundamentales
- Orden y seguridad
- Cumplimiento regulatorio
- Justicia civil
- Justicia penal
El factor “Límites al poder gubernamental” mide “si en la práctica, los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de quienes gobiernan, en particular de gobernadores, alcaldes y demás autoridades del poder ejecutivo estatal, y los responsabilizan de sus actos. Este factor también considera el papel que juegan los contrapesos no gubernamentales, tales como la prensa, las organizaciones civiles y los partidos políticos”. En este indicador nuestro estado ocupa el lugar 16 y la calificación más baja de las que componen el factor se explica porque los organismos de control no son un contrapeso eficaz.
El factor “Ausencia de corrupción” mide “la ausencia de corrupción, definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial locales, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia”. Aquí nuestro estado se encuentra en el lugar 19 y la mala calificación encuentra explicación en que los ciudadanos perciben mayor presencia de corrupción en el Congreso del Estado, saldos de la Ecuación Corrupta.
El factor “Gobierno abierto” mide “gobierno abierto, definido como aquel gobierno que comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas, y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones”. En este factor la posición de San Luis Potosí es la número 23 y se revela así, por una baja participación ciudadana.
El factor “Derechos fundamentales” mide “la protección efectiva de los derechos humanos, reconociendo que un sistema de gobernanza en el que no se garantizan los derechos fundamentales establecidos por el derecho internacional, no puede ser un Estado de Derecho”. En este rubro la posición del estado es la número 13 y entre los derechos fundamentales los peores calificados son los derechos laborales.
El factor “Orden y seguridad” mide “si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades. La seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad que se rige por el Estado de Derecho y es una función fundamental del Estado”. Aquí el estado tiene su mejor posición, la 11 entre 32 entidades y sin embargo lo más negativo en el indicador es el aumento de homicidios dolosos.
El factor “Cumplimiento regulatorio” mide “cómo se implementan y se hacen cumplir las regulaciones en temas como salud pública, seguridad en el lugar de trabajo, protección del medio ambiente y actividad comercial”. La posición estatal es la 24 y la razón es por un débil cumplimiento regulatorio libre de corrupción.
El factor “Justicia civil” mide “si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil”. Este es el factor con peor desempeño para la entidad al colocarse en la posición 28 y la explicación se encuentra en que uno de los elementos peor calificados es porque la justicia civil no es expedita y porque está burocratizada.
El factor “Justicia penal” mide “la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal”. La posición del estado es la 18 y el subindicador peor valorado es una investigación penal ineficaz.
Para quien todavía tiene dudas sobre cuáles son las prioridades de la agenda pública en San Luis Potosí bien valdría la pena que leyeran el documento. Son las coordenadas de la hoja de ruta que podría construir un auténtico Estado de Derecho y un futuro distinto, mejor.
Índice de Estado de Derecho en México 2018: https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2018/10/2018-WJP-MSI-Online-Version.pdf
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