Exigirán a Gobierno y Poder Judicial indemnizar a José Rubén

Por: Eduardo Delgado

José Rubén Díaz Pérez, quien estuvo preso seis años porque fue torturado por policías ministeriales para obligarlo a culparse de dos homicidios que no cometió, exigirá una indemnización ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo (TECA) y el resarcimiento del daño provocado por la tortura de que fue víctima y el injusto encarcelamiento.

Salvador Dávalos López, abogado de José Rubén, explicó que se trata de un juicio de responsabilidad patrimonial contra los poderes Ejecutivo y Judicial, que deben responder ante su cliente. Éstos, a su vez, deslindar responsabilidades de los ex funcionarios responsables, entre quienes se encuentra el ex gobernador Fernando Toranzo Fernández, de resarcir al erario las erogaciones producto de la indemnización.

El representante legal de José Rubén precisó que el juicio de responsabilidad patrimonial lo presentará en breve, ante el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo (TECA), porque su representado requiere atención especial inmediata por las secuelas físicas y psicológicas, originadas por el maltrato y el tiempo que de manera injusta permaneció privado de su libertad.

La demanda, explicó, la sustentará en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios, por el daño moral que le produjo a su defendido haber permanecido en prisión, porque truncaron sus estudios como mecánico y por los perjuicios psicológicos que le causaron, independientemente de la tortura.

Junto con otro colega, dijo, “vamos a presentarla muy bien detallada sobre la cantidad de días que José Rubén estuvo preso, como lo torturaron física y psicológicamente, lo que nuestro cliente narró en un texto, escrito de su puño y letra, en el que detalló la agresión física a la que fue sometido para que se declarará culpable”.

Recordó que el 21 de octubre de 2010, cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado estaba a cargo de Cándido Ochoa Rojas, hoy diputado federal que preside la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa, José Rubén fue encarcelado, acusado del asesinato de madre e hijo en la comunidad “Los Rodríguez”, del municipio de Mexquitic de Carmona.

“La demanda es contra el Estado, como un ente público; contra el Gobernador como titular del Poder Ejecutivo y como jefe inmediato del Procurador; contra el Procurador y el Poder Judicial, por las resoluciones de los ministerios públicos y las sentencias de los jueces, que primero lo condenaron a 48 años de prisión y luego le redujeron la pena a 28 años”.

“El Estado, a su vez, puede proceder contra los ex funcionarios en particular, es decir, interponer la misma demanda contra Toranzo y Cándido para que cada uno responda en particular. Esto va a quedar en manos de ellos”, acotó.

“Y no porque nosotros tengamos algo personal contra ellos sino porque, simplemente, se equivocaron e hicieron mal su trabajo y tienen que pagarle al Estado”.

Incluso los dos agentes de la Policía Ministerial que lo torturaron, Ricardo Ortega Torres y José David Isaías Ortiz, como una actuación individual que “no creo que haya autorizado el entonces Procurador, Cándido Ochoa, pero es corresponsable”.

“Malamente lo metieron a la cárcel y el Estado debe responder como institución pública y a su vez deberá proceder contra cada uno de los responsables de manera particular de acuerdo a la actuación de cada uno de ellos”, insistió.

De proceder contra cada uno de los responsables, expuso, estos tendrán que responder económicamente, aparte de que serían sujetos a las sanciones que establece la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios, que remite a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que contempla sanciones administrativas que derivarían en su inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo determinado.

Dávalos López expuso que el TECA, conforme a criterios normados por la ley, define el monto a pagar por concepto de indemnización.

Expuso que la ley fija un plazo de un año para interponer este tipo de juicios, pero en este caso su defendido requiere de atención psicológica inmediata para que se rehabilite y pueda rehacer su vida, pues estaba estudiando mecánica.

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