Por Victoriano Martínez
La voluntad de la administración municipal saliente para hacer del proceso de entrega recepción un real ejercicio democrático, apegado a los mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas, no existe.
Lo han declarado distintos funcionarios y de distintos modos.
Ernesto Barajas Ábrego, secretario del ayuntamiento ha dicho:
“Independientemente de la buena voluntad, está la ley”.
Está claro que se deja cualquier buena voluntad a un lado, para apegarse estrictamente a su propia interpretación de la Ley.
A Rodrigo Joaquín Lecourtois López, contralor interno, en un comunicado oficial se le atribuye haber dicho que la Ley contiene errores y que en un artículo transitorio faculta a la contraloría de los ayuntamientos a generar sus propios manuales.
Queda claro que la interpretación de la Ley la hacen de manera que no desaprovecharán cualquier error –que los tiene, y muchos– para impedir cualquier avance en los trabajos de la entrega recepción.
La facultad de la elaboración de los manuales es muy clara y específica en la fracción IV del artículo 12 de la Ley citada.
“No se trata de dilatar, no hay prisas, los tiempos llegan, no hay nada que esconder”, es otra expresión de Barajas Ábrego en el mismo comunicado.
Así muestra que la interpretación de una norma deficiente les vino como anillo al dedo para entorpecerlo todo.
Si la Ley menciona el mes de agosto para conformar la Comisión de Entrega, y 45 días hábiles antes del 1 de octubre para que se integre la Comisión de Recepción, no hay duda de que si buena voluntad de quien entrega la conformarían lo más cerca de la conformación de su contraparte, en los primeros días de ese mes.
“Si aún el nuevo Cabildo de la capital no está plenamente conformado, no se tiene la certeza de con quien se trabajará”, es otra falacia de Barajas Ábrego.
El Cabildo está conformado desde el momento en que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana entregó las constancias de mayoría y asignó las regidurías de representación proporcional.
Valdría la pena que Barajas Ábrego se allegara el ejemplar del Periódico Oficial del Estado del 19 de julio. Ahí está la integración de los ayuntamientos y ahí puede ver con quienes tiene que trabajar. Las impugnaciones son más pretexto que impedimento del proceso.
Si después viene una sentencia de los tribunales electorales que modifique esa conformación, no tiene por qué preocuparse Barajas Ábrego, simplemente se hacen las sustituciones.
Asegura Barajas Ábrego que cumplen con la difusión de oficio a que los obliga la Ley de Transparencia, por lo que habrá que recordarle es que la ley los obliga a subir información, no formatos en blanco con las leyendas “no se genera”, “está en proceso”, o que la información en ellos “son datos ficticios”.
Son tantas las violaciones a la Ley de Transparencia en su portal, que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública incurre también en omisiones al no sancionarlos.
La colección de expresiones y actitudes que muestran la inexistencia de voluntad es mucho más amplia y eso que no se conoce lo que dicen que no tienen que ocultar.
Que el alcalde electo haya entregado a la Auditoría Superior de la Federación 22 expedientes de situaciones irregulares en la administración que le entregará la estafeta habla de la posibilidad de muchos más asuntos que se podrían detectar en un proceso de entrega recepción real.
Esa posibilidad explica la falta de voluntad, la interpretación convenenciera de una ley deficiente pero, sobre todo, muestra el tamaño del paquete que caerá el 1 de octubre en manos de la nueva Administración como un gran reto de combate a la impunidad.
