Por Victoriano Martínez
La novedad es que la Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer el monto acumulado en los pliegos definitivos de observaciones no solventadas por los entes fiscalizados durante el ejercicio fiscal 2017: 509 millones 175 mil 792 pesos.
La ASE también dio a conocer el monto de los resarcimientos en favor del erario: dos millones 542 mil 875 pesos.
Dos cifras que ofrecen un panorama de la calidad del trabajo realizado por la ASE al mostrar el nivel real en que, de acuerdo con su labor fiscalizadora, los entes revisados mal utilizaron los recursos públicos ese año, pero también sobre su capacidad para lograr resarcir el daño.
Cuando en agosto de 2018 la ASE presentó los informes finales de auditoría a las cuentas públicas 2017, bajo la presión de los diputados de la Legislatura de la ecuación corrupta, reportó observaciones y aclaraciones por 899 millones 32 mil 94 pesos, de los cuales los ayuntamientos acapararon el 93.45 por ciento.
Lo no solventado representa el 56.63 por ciento de aquella cifra que apareció en los informes finales que en noviembre fueron confirmados por los actuales diputados. Significa que más de la mitad de las observaciones realizadas por la ASE se confirmaron.
De los 509 millones 175 mil 792 pesos no solventados por la totalidad de los entes fiscalizados, la ASE reporta resarcimientos por 2 millones 542 mil 875 pesos, es decir, apenas un 0.5 por ciento. Expresado en otros términos: ha logrado el resarcimiento de uno de cada 200 pesos mal aplicados durante 2017.
Si lo resarcido contra lo mal ejercido puede ser visto como un alto grado de ineficiencia, traducirlo al costo que tuvo cada peso recuperado deja ver lo costoso de un aparato como la ASE, cuya labor fiscalizadora no ha repercutido en una mejora en la aplicación correcta de los recursos públicos.
La ASE ejerció durante 2017 un presupuesto autorizado por 215 millones 649 mil 332 pesos. Los resarcimientos logrados sobre lo ejercido por los entes fiscalizados durante ese año representan apenas el 1.18 por ciento de lo que costó que operara la Auditoría Superior del Estado. Eso significa que lograr el resarcimiento de cada peso costó 84.80 pesos.
Desde sus inicios, la ASE siempre ha justificado en el entramado legal que la rige, por los procedimientos y plazos que le marca, lo poco eficiente que resulta la fiscalización.
Visto está que las disposiciones legales provocan que a pesar de hablar de cientos de millones de pesos observados sólo puede lograr una cifra contrastantemente baja de resarcimientos y, lo que es peor, no informar sobre sanciones a funcionarios, con lo que manda una señal de impunidad que incentiva el mal uso del erario.
Una situación que debería resultar incómoda para quienes forman parte del sistema estatal de fiscalización al grado de que ya tendrían que haber presionado para establecer un esquema más efectivo… a menos que ese no sea el objetivo y todo sea aparentar.
