Victoriano Martínez
Mientras los altos funcionarios públicos se esfuerzan con sus declaraciones a tratar de proyectar una imagen de que la inseguridad es un problema de “percepciones diferentes” y se ha logrado mantenerla “en los niveles más bajos”, no sólo el incremento de los actos criminales sino también el miedo que ellos mismos exhiben, los desmienten.
Mientras hace ocho años, los funcionarios públicos y sus familias requerían de 104 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para utilizarlos como escoltas, el 2017 lo cerraron con 163 policías dedicados a protegerlos de una percepción diferenciada de una inseguridad “a la baja”.
El dato podría expresarse en el sentido de que los funcionarios se sienten un 56.73 por ciento menos seguros que hace diez años.
De acuerdo con la respuesta que la SSP dio a la solicitud de información 00063018, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2010 los funcionarios tenían 104 escoltas; en 2011, 120; en 2012, 148; en 2013, 111; en 2014, 95; en 2015, 234; en 2016, 204, y en 2017, 163 policías habilitados como escoltas.
De acuerdo con estas cifras, el año en que los funcionarios se habrían sentido más confiados en los últimos ocho fue el 2014, para al año siguiente –con proceso electoral– distraer al mayor número de policías para proteger a funcionarios y políticos en campaña.
Aunque de 2015 a 2017 el número de policías habilitados como escoltas se redujo en un 30.34 por ciento, la inseguridad que sienten los funcionarios de alto nivel quedó muy por encima de los últimos cinco años de la administración de Fernando Toranzo Fernández.
De acuerdo con la tendencia, en la que se incrementa el uso de policías como escoltas durante los años electorales, para este 2018 es de esperarse que los políticos –que no sumen la gravedad de los problemas de inseguridad más que en su protección particular– distraigan a un mayor número de elementos de la SSP de dar seguridad a la población para concentrarla en ellos.
