Jaime Nava
Campesinos del ejido “La Presa”, municipio de Villa de Guadalupe, sus asesores técnicos y jurídicos del Colegio de San Luis y de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, emitieron un comunicado para denunciar que desde hace días han sido hostigados por funcionarios federales y estatales para obligarlos a desistirse de las acciones legales emprendidas para frenar la construcción del acueducto La Maroma.
Aunque en el comunicado no menciona a ningún funcionario por su nombre, Astrolabio Diario Digital pudo corroborar que las personas a quienes señalan como responsables del acoso y las amenazas son el Delegado de la Comisión Nacional del Agua, Manuel Téllez Bugarín y Amado Rubio Hernández, director jurídico de la Comisión Estatal del Agua.
En el comunicado señala que “los campesinos han impedido el acceso a sus territorios de la maquinaria que operaba ilegalmente en la zona, ya que se trata de terrenos ejidales y cualquier empresa requiere permiso expreso de las autoridades agrarias.”
De acuerdo con el dicho de los opositores, los funcionarios les han advertido que “llegarán hasta las últimas consecuencias” si no permiten el ingreso de maquinaria a sus tierras para que continúe la obra y que se les cobrarán los gastos que se generen por cada día de paro; por ello, temen que los gobiernos estatal y federal puedan intentar reprimirlos.
Los opositores recordaron que cuentan con dos decretos presidenciales que les reconocen derechos históricos sobre tierras y aguas por lo que fueron presentadas demandas de amparo y ante tribunales agrarios para evitar que intereses privados los despojen del agua de un manantial para beneficiar una zona industrial en Matehuala.
