Alejandro Rubín de Celis
Varias décadas tuvieron que pasar para que, por primera vez, en el Congreso del Estado de San Luis Potosí se vislumbrara una legislatura que eventualmente trabajara por el bien común y no por los intereses de la clase política. Con múltiples y evidentes pruebas, cada una de las legislaturas anteriores dejó muestra de que su labor respondía a los intereses del gobernador, de las dirigencias partidistas y de los propios diputados en turno, y no a los de la ciudadanía.
Como sucedió con la elección de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la Presidencia de la República y de la mayoría de diputados y senadores de la coalición Juntos Haremos Historia en la nueva legislatura federal, la esperanza de un cambio también se manifestó en la nueva composición de la LXII Legislatura del estado de San Luis Potosí, donde hacen mayoría simple ─con nueve integrantes─ los diputados del partido Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), quienes con atinadas negociaciones y acuerdos con otras fracciones parlamentarias podrían ganar batallas importantes en favor de la sociedad.
Por supuesto que desde antes de que tomaran posesión había el temor de que, por su juventud e inexperiencia, los legisladores de esa coalición quedaran a merced de las marrullerías y la manipulación de algunos de sus experimentados compañeros, pero nadie imaginó que tan pronto habría un rompimiento entre ellos.
Por denuncias de diputados y militantes de Morena, principalmente, incluido el senador Primo Dothé, el factor de la división se llama Gabino Morales Mendoza, ex dirigente estatal de ese partido y nombrado por AMLO coordinador estatal de Programas de Desarrollo Integral en San Luis Potosí, que ha pretendido influir en las decisiones legislativas de la coalición, tanto en la designación del coordinador de la bancada como en el nombramiento de los presidentes de las comisiones.
Lo más grave no es que Morales Mendoza esté metiendo su cuchara en una decisión que compete a los diputados que integran la coalición, sino que, a decir de quienes se sienten afectados o han cuestionado su intervención en estos asuntos, negocia con operadores del gobierno estatal presumiblemente para que quede una legislatura “a modo” del gobernador Juan Manuel Carreras. También se ha denunciado públicamente que ha hecho alianza con la diputada panista Sonia Mendoza para imponer a los presidentes de las comisiones.
Esté negociando con uno de ellos o con los dos, es un muy mal presagio para lo que puede ser la nueva legislatura en términos del control políticos que pueden ejercer dos representantes del viejo sistema ─el gobernador y Sonia Mendoza─, a los que se agregarían otros colmilludos diputados como Cándido Ochoa, Eugenio Govea y Oscar Vera, quienes cuentan con el oficio político necesario para provocar que las divisiones entre los morenistas se profundicen para sacar ventaja al momento de votar en comisiones y en el pleno y satisfacer sus propios intereses.
La fractura que ha provocado el súper delegado de AMLO en la fracción parlamentaria de la coalición Juntos Haremos Historia apenas en los albores de la nueva legislatura, es de suma gravedad pues divide tempranamente al grupo que, aliándose con otras fracciones parlamentarias contribuiría de manera fundamental a sacar adelante leyes y reformas de gran calado en beneficio de la ciudadanía.
El dirigente estatal de Morena, Sergio Serrano, ha querido tapar el sol con un dedo al afirmar que no hay fractura alguna en la coalición y que todo lo que se ha dicho y publicado es parte de un escándalo fabricado, cuando el testimonio de varios diputados ha dejado claro el divisionismo que existe.
Y esto sucede apenas en el inicio de la legislatura. ¿Qué pasará durante las semanas y los meses por venir cuando la capacidad de manipulación de los legisladores más experimentados ─y perversos─ y de los operadores del gobernador, puedan orillar a los inexpertos diputados a tomar decisiones contrarias al interés general, o les ofrezcan los tentadores privilegios que tiene para ellos el sistema a fin de que se incorporen a la red de complicidades y corruptelas que han prevalecido en el Congreso del Estado y que de ninguna manera han terminado por el hecho de que haya una nueva legislatura?
La intervención de Gabino Morales y las maniobras de Sonia Mendoza y de Juan Manuel Carreras que ya produjeron una desestabilización en la única bancada que puede dar esperanzas de cambio, puede llevar en poco tiempo a que quienes se han comprometido a dignificar la labor de diputado se acomoden a los intereses de los grupos de poder y reproduzcan los mismos vicios que otras legislaturas.
La postura de los cinco diputados que denunciaron la injerencia de Gabino Morales y que evitaron que impusiera a Paola Arreola como coordinadora de su bancada, es buena señal de una primer acción de resistencia frente a los embates de la clase política tradicional y a la ilegítima intervención de Gabino Morales en los asuntos de su bancada. Pero vendrán muchos más, lo que hace indispensable la reunificación inmediata de los diputados de la coalición y que busquen ─y encuentren pronto─ asesores experimentados que no les hagan caer en las trampas que sin duda les tienen preparadas los viejos lobos de mar.
El reparto de las presidencias de comisiones que se conocerá este viernes 21 de septiembre, ofrecerá nuevos elementos para interpretar hacia dónde se puede encaminar esta legislatura y en qué medida les han ganado o no la segunda partida a los diputados morenistas ─la primera fue el nombramiento de Sonia Mendoza como presidenta de la Mesa Directiva─.
Pese a su inexperiencia, la fortaleza moral y el compromiso social que muestren los diputados morenistas ─en quienes parte de la población tiene fincadas sus esperanzas de cambio en el Congreso─, acompañados de la asesoría de políticos decentes y experimentados y de buenas y transparentes negociaciones con otros diputados y grupos parlamentarios, serán decisivos para contar con una legislatura a la altura de las exigencias ciudadanas, o bien con una más que será peor que la anterior.
