Por Alejandro Rubín de Celis
Hace unos días se dio a conocer que en la terna para elegir al nuevo fiscal general del estado está incluido el procurador de justicia Federico Garza Herrera. La noticia no resulta sorpresiva conociendo cómo ha operado históricamente el sistema político mexicano. Diseñada la ley para favorecerlos, presidentes y gobernadores nombran ternas compuestas por personas de su confianza en un juego de intercambio de favores en el que los mandatarios quedarán protegidos y evitarán ser sujetos de alguna sanción por la comisión de delitos graves durante su encargo.
Se supone que con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), éste último copia fiel del primero en su estructura y funciones, las fiscalías generales, tanto a nivel federal como estatal, serían entidades autónomas de los poderes públicos para ejercer a plenitud sus funciones de procurar justicia sin la injerencia de presidentes y gobernadores.
Con la renuncia de Raúl Cervantes como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) aparentemente quedó de lado el nombramiento de un “fiscal carnal”, del presidente Enrique Peña Nieto, que aún no está descartado pues el también asesor jurídico de la campaña de Peña, senador priista y ex diputado federal por ese partido, tiene todavía posibilidades de aparecer en la terna que proponga el presidente.
En San Luis Potosí el gobernador Juan Manuel Carreras ya incluyó en la terna a Federico Garza Herrera, uno de sus incondicionales, como sucede prácticamente con todos los secretarios de gabinete y procuradores en todas las administraciones estatales.
En una pueril declaración cuando se le preguntó si incluiría a ciudadanos en la terna (se entiende que ciudadanos independientes del poder público y de la clase política), Carreras dijo que los tres que él propuso son ciudadanos y sostuvo que no se trató de propuestas tendenciosas. En una inusual declaración en favor de un funcionario, la Iglesia Católica potosina, en palabras de su vocero, Juan Jesús Priego Rivera, también apoyó la propuesta del notario con licencia. Aseguró que “Federico Garza es una persona honorable y de confianza” que no tiene carrera política.
Pero el procurador en funciones sí es un hombre del sistema y afín al PRI, aunque no sea militante de ese partido. Fue subsecretario de gobierno en el efímero mandato de Fausto Zapata Loredo y funcionario también con los exgobernadores Gonzalo Martínez Corbalá y Teófilo Torres Corzo. ¿Será honorable alguien que formó parte de un gobierno tan cuestionado por fraude electoral como el de Fausto Zapata, lo que finalmente lo llevó a renunciar al cargo en menos de 15 días?
Por su cercanía con el gobernador y el favor recibido de nombrarlo procurador, el muy probable nombramiento de Garza Herrera como fiscal general del estado le ofrece todas las garantías a Juan Manuel Carreras López de librar los próximos cuatro años de su mandato sin ser molestado por la eventual comisión de algún delito grave, pues el cargo de fiscal general dura siete años. Y aunque no fuera Garza Herrera, los otros dos personajes propuestos también lo harían por el simple hecho de que le deberían el cargo, como ha sucedido siempre, lo que le ha dado impunidad a más de un gobernador potosino.
Ahí está el caso más reciente del gobernador priista de Coahuila, Rubén Moreira, que acaba de imponer como fiscal general de ese estado a uno de sus incondicionales, Gerardo Márquez Guevara, quien ocupará el cargo por siete años y con quien (él lo sabe) tiene garantizada total impunidad.
El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) hizo un llamado al gobernador Juan Manuel Carreras para que, en un gesto democrático, abriera a la sociedad la selección de la terna para fiscal general, pero Carreras no lo atendió. Hay quienes cuestionan que son algunas decenas, acaso unos cientos de ciudadanos los que integran el FCA y otras organizaciones civiles que están exigiendo a las instituciones del Estado transparencia, rendición de cuentas y ser considerados en la toma de decisiones, pero detrás de esos grupos aparentemente no tan numerosos están decenas de miles de potosinos cansados de las corruptelas y arbitrariedades del gobierno y de los funcionarios, entre ellas la simulación para nombrar incondicionales en puestos clave, y en ellos esos potosinos se ven reflejados.
Haber atendido esta petición ciudadana habría sido una muestra de apertura y de convicción democrática y le abría significado al mandatario recuperar parte de la enorme credibilidad perdida, como lo demuestra una encuesta de Revista 32 según la cual el 85 por ciento de los potosinos desaprueba su gestión.
Es claro que Juan Manuel Carreras López no tiene la voluntad política para que la Fiscalía General (y seguramente tampoco la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Electoral) sea genuinamente autónoma e independiente y la prueba es que ni siquiera mostró la más mínima sensibilidad para evitar que Federico Garza Herrera apareciera en la terna que propuso.
En apenas unas semanas, uno de los más importantes órganos del Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, ha sido objeto de serias críticas porque presuntamente en su integración no se cumplió con la paridad de género y uno de sus miembros no cumplió con los requisitos de la convocatoria. La Comisión de Selección de ese Comité aún está en posibilidades de rectificar el procedimiento para salvaguardar el buen nombre de ese órgano, pero si eso no sucede y el gobernador se empeña en imponer a Federico Garza como fiscal general, la credibilidad del SEA quedará por los suelos y se habrá consumado un nuevo acto de simulación del régimen.
