Alejandro Rubín de Celis
Las luchas de los movimientos feministas en México y el mundo, sobre todo de años recientes, han permitido a las mujeres ganar espacios en casi todos los órdenes de la vida social y familiar. Aunque siempre debió ser así, ahora se les reconocen los mismos derechos humanos, civiles y políticos que al hombre. Una muestra significativa de ello es la paridad de género que hoy existe en la composición de distintos órganos de representación social.
Cada vez más mujeres alcanzan puestos de mandos medios y altos en empresas e instituciones ─aunque las resistencias de los varones persisten─, muchas de ellas son parcial o totalmente el sustento de sus hogares y llevan la batuta en los asuntos familiares. Han ganado espacios incluso en disciplinas deportivas que hasta hace poco eran etiquetadas sólo para hombres, como el fútbol soccer y el americano.
Lamentablemente esos espacios ganados están teniendo, en ciertos sectores y grupos de la sociedad, efectos negativos que se traducen en violencia contra las mujeres, una violencia que va desde el acoso y el maltrato físico y psicológico, hasta el asesinato por razones de género.
Muchos hombres no aceptan que su pareja tenga mayor éxito profesional o laboral y reaccionan con violencia contra ésta, otros le hacen daño por el ancestral problema del machismo en sus múltiples formas y expresiones, algunos más lo hacen por razones de odio, el caso es que la violencia contra las mujeres ha escalado a niveles nunca antes vistos y se requieren acciones urgentes para combatir este flagelo que daña a innumerables familias y al tejido social en su conjunto.
De acuerdo con el Semáforo Delictivo de la organización civil México Cómo Vamos, en octubre pasado se registraron en el estado de San Luis Potosí 273 violaciones ─que es de suponerse en su mayoría fueron en agravio de mujeres─ y tres feminicidios ─todos en la capital del estado, ya con el nuevo gobierno municipal encabezado por Xavier Nava Palacios─. Además, se registraron 274 casos de violencia intrafamiliar, 35 homicidios y cuatro secuestros ─tres de ellos en la capital─ entre los que también habrá muchas mujeres victimizadas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) reporta 53 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2018, de las cuales reconoce 28 como feminicidios ─lo cual no significa necesariamente que no sean más─. Acabamos de conocer de manera oficial en voz del alcalde Xavier Nava, que la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal recibe semanalmente entre 60 y 80 denuncias por maltrato a personas del sexo femenino.
Desde hace varios meses, alumnas de distintas facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ─en particular de la Facultad de Derecho─ vienen denunciando acoso sexual de parte de profesores, y las autoridades universitarias no parecen reaccionar y sancionar en la medida en que estas jóvenes están siendo agraviadas. La empleada gubernamental, María de Jesús Almendárez Prieto, mejor conocida por la opinión pública como Marichuy, sufrió acoso sexual en una dependencia del gobierno estatal y tuvo que luchar durante seis años para lograr que su agresor fuera sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión y que se le impusiera una irrisoria multa de 3 mil 72 pesos y 33 centavos.
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado el pasado 25 de noviembre, diversas agrupaciones feministas marcharon por calles del centro de la ciudad de San Luis Potosí, y activistas y organizaciones estudiantiles se manifestaron frente al edificio central de la UASLP para expresar su repudio al acoso de docentes y exigir a las autoridades universitarias sanciones para los acosadores, lo que les valió una severa condena en redes sociales a cargo de un buen número varones, entre ellos el coordinador de asuntos jurídicos del Congreso del Estado, Roy González Padilla.
Si bien es cierto que no se justifica el grafiteo que hicieron algunas de las manifestantes en el muro frontal del edificio central, tampoco la forma como varios hombres se expresaron de las inconformes con amenazas de violación y hasta de muerte.
La situación es de verdadera emergencia y debe poner en alerta máxima a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, a la FGE, a los ayuntamientos ─en especial el de la capital─, a los organismos defensores de derechos humanos y a la sociedad civil, para que tomen cartas en el asunto de manera inmediata.
Se requiere de una acción concertada y transversal que involucre a los distintos organismos de seguridad, a las instancias gubernamentales tomadoras de decisiones, a los organismos de derechos humanos, a las instituciones de educación superior, a las distintas iglesias y a las agrupaciones y colectivos defensores de los derechos de las mujeres, para diseñar estrategias efectivas y coordinadas que ataquen estructuralmente el problema, por todos los flancos y no de manera aislada, porque está demostrado que las acciones independientes en materia de seguridad pública no dan resultados.
Aunque se reconocen los riesgos y temores fundados que existen, es importante que las mujeres víctimas de violencia en sus distintas modalidades presenten denuncias ante las autoridades correspondientes y se apoyen en organizaciones sociales y en víctimas como Marichuy ─que han ganado importantes batallas─ para presionar a aquéllas a fin de que hagan justicia pronta y expedita. Finalmente, no denunciar y que haya impunidad fomenta que los atropellos continúen y se incrementen.
No instrumentar acciones urgentes frente a la creciente violencia de género no sólo seguirá atentando contra los derechos y la dignidad de las mujeres, sino que llevará a una espiral sin fin de agravios que, en el peor de los casos, acabará cada vez con más vidas humanas y con la figura de ese pilar fundamental que significan para las familias y para la sociedad, nuestras mujeres.
Imperativo, reducir el financiamiento público a los partidos políticos
