Jaime Nava
El Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí (IMES) no tiene nada nuevo que informar acerca de las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación que están obligados a implementar como consecuencia de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género que se emitió en junio del 2017 para los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.
En abril del 2018 se le pidió al IMES que informara qué medidas se implementaron a partir de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género; como respuesta se adjuntó un documento en el que se indica que gastaron 10 millones 169 mil 280 pesos en distintas acciones divididas en tres bloques: “medidas de seguridad, medidas de prevención y medidas de justicia y reparación”.
Seis meses después, se le volvió a solicitar al IMES que entregara un documento con información detallada del presupuesto ejercido “durante el 2017 y hasta la fecha” en acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género; el IMES se limitó a entregar una copia del mismo documento proporcionado anteriormente lo cual quiere decir que, al menos en los últimos seis meses, no han puesto en marcha ninguna medida de seguridad, prevención justicia o reparación.
El abandono de las acciones producto de la Alerta de Violencia de Género es evidente hasta en la página de internet que se creó para difundir, entre otras cosas, información sobre feminicidios, violencia de género, focos rojos en el estado, desapariciones de mujeres y acciones de gobierno.
El sitio http://alertadegeneroslp.org.mx/ no hay información útil. A pesar de que en la propia página se indica que se deberá crear un “semáforo de violencia feminicida que ayude a diseñar y ejecutar planes de atención preventiva adecuados”, las pestañas donde se deberían poder consultar datos sobre los focos rojos en el estado, los semáforos de violencia y desapariciones, recomendaciones y acciones de gobierno se encuentran vacías.
Se puede confirmar que la página no ha sido actualizada desde su creación, pues al inicio se muestran tres boletines de prensa publicados el 9 de noviembre del 2017.
De acuerdo con la información entregada por el IMES vía transparencia, gastaron cuatro millones 614 mil 280 pesos en cinco “medidas de seguridad” entre las que destaca la “capacitación a funcionarios del Poder Judicial del Estado a través del Desarrollo del Diplomado en Igualdad de Género y Derechos Humanos dirigido a 30 juezas, jueces, magistradas y magistrados para juzgar con perspectiva de género”, que tuvo un costo de 350 mil pesos.
Además del “fortalecimiento de la línea telefónica TELMUJER 075, ubicada en el municipio de San Luis Potosí”, un teléfono para la atención de crisis que desde el 2016 presumió la titular del IMES, Erika Velázquez y que, pese a los 548 mil 580 pesos que se pagaron para su “fortalecimiento”, obliga a las personas a permanecer en la línea más de un minuto antes de que alguien tome la llamada, según pudo constatar Astrolabio Diario Digital.
Incluso en la publicidad del IMES recomiendan a las mujeres víctimas de violencia que primero llamen al 911 y pidan que se les comunique al telmujer.
Como “medidas de prevención” gastaron cinco millones 405 mil pesos y entre las acciones por ese rubro resalta que el IMES gastó tres millones 800 mil pesos en el “fortalecimiento de la Campaña Estatal ‘Alerta con todos los sentidos frente a la violencia contra las mujeres’”, una campaña que incluyó la elaboración de cuatro videos que fueron publicados en las redes sociales del IMES entre octubre y noviembre del año pasado.
Finalmente, se dio a conocer que pagaron 150 mil pesos por unas “propuestas de reformas a la ley del IMES, Ley de Planeación y Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí para impulsar la igualdad de género”. Aunque no hay constancia de esas reformas porque, según el Poder Legislativo, la ley del IMES se reformó por última vez el 17 de junio del 2017.
De la propuesta de reforma de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí por la que dicen haber pagado parte de esos 150 mil pesos tampoco hay registro debido a que esa ley fue abrogada por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí el 3 de junio del 2017.
