Alejandro Rubín de Celis
Con excepción de los propios partidos políticos y sus dirigentes, que han vivido del erario y a costa de menguar la calidad de vida de los ciudadanos, difícilmente alguna otra institución o persona ─en su sano juicio─, podría ir en contra de que se reduzca el financiamiento público a los partidos.
La iniciativa presentada por el diputado morenista, Pedro Carrizales Becerra para que se modifique la ley electoral del estado a fin de cambiar la fórmula con la que se calculan los montos del financiamiento a los partidos y se haga con base en la votación alcanzada por cada uno de ellos en la elección inmediata anterior, es conveniente y oportuna ─aunque no es la primera vez que se presenta a nivel local y nacional─ por el cambio de régimen que se avecina y la nueva correlación de fuerzas políticas que auguran, con mucho mayores posibilidades que en otro tiempo en San Luis Potosí, que el Congreso local pueda aprobar una disminución al dinero público que se les entrega a esas instituciones políticas.
Más aún se justifica si se cuestiona el costo-beneficio que han producido estas organizaciones, pues todo indica que a mayor cantidad de fondos del Estado que se les entregan al paso del tiempo, menor atención ponen a las demandas de la sociedad, por no decir que hoy están alejadas de ella casi por completo.
En los últimos 10 años, los partidos políticos han recibido la cantidad de 660 millones 895 mil 987.34 pesos de dinero público, entre gasto ordinario y gastos de campaña en año electoral. Tan sólo el financiamiento que reciben este 2018, que asciende a 131 millones 471 mil 63.95 pesos, es 1.8 veces mayor que el presupuesto destinado a obras de electrificación en todo el estado para este año, que es de 73 millones 498 mil 70 pesos, y 8.5 veces superior al presupuesto asignado al Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas.
Financiamiento público a los partidos políticos en San Luis Potosí 2009-2018 (millones de pesos)
Habiendo tantas carencias y rezagos en el estado en los órdenes económico, social, de infraestructura y servicios públicos, ¿se justifica un gasto tan oneroso de unos organismos que han visto mucho más por los intereses de sus dirigencias que por los de la ciudadanía? ¿Por qué debe financiase el gasto ordinario de los partidos con dinero de los contribuyentes y no con el de sus militantes y simpatizantes? ¿Por qué la sociedad debe mantener cada año organizaciones con pesadas nóminas y un gasto corriente que incluso genera dudas sobre su destino?
Estas y otras preguntas deben formar parte del debate que se produzca antes de someter a votación la reforma propuesta por el diputado Carrizales y en el que la participación de la sociedad organizada es de la mayor relevancia ─por ser la sociedad civil la directamente afectada─.
Aún cuando algunos diputados y dirigentes partidistas digan de dientes para afuera que están de acuerdo con una reducción al financiamiento de los partidos, en su fuero interno desean que las cosas sigan como están y, si fuera posible, hasta que mejoren, porque de eso han vivido por muchos años sin mayores sobresaltos. Esa es la razón por la que durante años se resistieron a revisar y a tomar decisiones sobre el tema. ¿Quién preferiría tener que buscarse una chamba ─con lo difícil que está hoy conseguirla─ que seguir viviendo cómodamente del presupuesto público como lo hacen en buena medida dirigentes y mandos medios de los partidos políticos?
Una cosa es que el diputado Pedro Carrizales proponga una reducción del 40 por ciento en este rubro y otra es que legisladores y dirigentes partidistas lo acepten. Seguramente la Coalición Por el Bien de Todos, y en particular el Partido Morena, pelearán porque se alcance ese porcentaje ─pues además es parte de los compromisos hechos en campaña por el entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador─, pero las resistencias estarán a la orden del día, de manera que está por verse cómo se modifica la fórmula y en qué porcentaje puede quedar la reducción.
Lo que no está a discusión es que ya es tiempo de poner un alto a los excesos que representa el elevado financiamiento a los partidos políticos y discutir la mejor forma de otorgarles apoyo pero en función de los méritos electorales que alcancen y no de la cantidad de ciudadanos que conforman el padrón electoral.
La coyuntura política es inmejorable para encontrar la solución más democrática sin seguir sacrificando una parte del bienestar de la población.
