Por Eduardo Delgado
Hace más de un año cinco meses, personal médico del Hospital General de Matehuala incurrió en un caso violencia obstétrica que derivó en la muerte de una bebé antes de nacer y a la fecha no se ha iniciado proceso administrativo de investigación contra los responsables, asentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en recomendación dirigida a la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez.
El pasado lunes 24 de abril, el organismo emitió la recomendación 01/2017 por la inadecuada atención médica brindada a una embarazada el 15 de noviembre de 2015, porque al ser atendida los médicos no consideraron el antecedente una cesárea y un aborto de la víctima.
Aquel día, la mujer asentó en su queja, llegó al hospital con dolor en el vientre y sangrado, pero no fue atendida porque no había médicos en ese momento. Una enfermera la revisó y detectó que el bebé estaba en movimiento, pero sus contracciones duraban menos tiempo y le pidió esperar la llegada de un galeno.
Luego, dos médicos la revisaron y uno de ellos le indicó que no le había realizado ultrasonido porque no sabía utilizar el equipo y tras practicárselo le dijeron que el bebé no tenía suficiente oxígeno y por ende sería intervenida de urgencia.
Después de realizarle la cesárea, aseguró, no le informaron que su bebé había fallecido y que fue después cuando un médico le explicó lo sucedido.
Medio año después, el 17 de mayo de 2016, un especialista en Ginecología-Obstetricia y Medicina Materno Fetal, del Colegio de la Profesión Médica de San Luis Potosí, revisó el caso y concluyó que las acciones y práctica médica realizada fue inadecuada.
“No fue realizada en forma oportuna ya que no se detectaron los factores de riesgo de ser madre hipertiroidea y tener cesárea previa” y “tampoco intervinieron los especialistas acordes con el caso”, acotó el perito en su informe.
El 24 de noviembre de 2016 la comisión recibió informe de Agente del Ministerio Público sobre la Carpeta de Investigación iniciada contra de personal médico del Hospital General de Matehuala en agravio de la víctima, por delitos contra la fidelidad profesional.
Cinco meses después, “a la fecha de elaboración de la presente recomendación, no se obtuvieron constancias de que se hubiera iniciado un procedimiento administrativo de investigación relacionado con los hechos en contra de los servidores públicos que atendieron el caso, para efectos de deslindar la responsabilidad en que pudieran haber incurrido”, determinó el organismo en la primera recomendación firmada por su nuevo presidente, Jorge Andrés López Espinosa.
Entre las observaciones, el organismo advirtió que el Estado “debe tener un sistema capaz de proteger y velar por el restablecimiento de la salud, ya que la efectividad del derecho a la protección de la salud demanda la observancia de elementos esenciales que garanticen servicios médicos en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad”.
“Las omisiones pudieron ser previsibles para la ciencia médica, por lo que se evidenció un caso de violencia obstétrica como lo señala el artículo 3, fracción IX, inciso b) de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de San Luis Potosí”, especificó la CEDH.
La CEDH le recomendó a la responsable de los servicios de salud en el Estado proceder a la reparación del daño ocasionado a la víctima, derivada de la responsabilidad institucional en que incurrió el personal del Hospital General de Matehuala.
También le pidió colaborar en el proceso administrativo de investigación “que se inicie con motivo de la vista que realice este Organismo en contra de los servidores públicos relacionados con los hechos de la presente Recomendación”.
Por último le requirió girar instrucciones, a efecto de que, en el Hospital General de Matehuala, se cuente con personal especializado en ginecología, así como personal capacitado en el uso de ultrasonido.
