Alejandro Rubín de Celis
El fiscal general, Federico Garza Herrera y algunos diputados ─parece que no todos pues hay quienes con aparente convicción se han manifestado a favor de combatir la impunidad─ han encontrado la fórmula perfecta para darle salida al espinoso asunto del exdiputado Mariano Niño Martínez y de otros excongresistas que desviaron recursos de la partida de Gestoría Institucional, con cuya aplicación estarían contribuyendo a que se profundicen los problemas de corrupción e impunidad en San Luis Potosí.
Se trata de las disposiciones del ya no tan nuevo Sistema Penal Acusatorio (SPA) que permiten reparar el daño e instrumentar otras alternativas de solución de conflictos para evitar que presuntos delincuentes sean encarcelados aún si se les encuentra culpables de delitos graves.
Una invitación a violar la ley y a incurrir en el abuso con la única consecuencia de resarcir el agravio causado, que están promoviendo el fiscal general y algunos legisladores para, de entrada, salir del paso en el asunto de Mariano Niño, quien ya ha propuesto al juez que lleva su caso un acuerdo reparatorio con las víctimas que no recibieron los fondos públicos que el diputado reportó haberles entregado, en un hecho que significa el reconocimiento tácito de su culpabilidad.
Con los privilegios que ofrece el Sistema en cuestión un funcionario o servidor público se puede plantear esta disyuntiva: puedo apropiarme de dinero público, si no me descubren me puedo hacer rico; pero si me cachan y me denuncian busco un acuerdo reparatorio con el Ministerio Público o con el juez, regreso el dinero que me llevé, y tan campante. Otro: si me llevo equipo costoso del hospital público para el que trabajo, lo puedo vender muy bien; si me sorprenden y me denuncian pues nada más lo regreso y listo. Uno más: si desvío y triangulo recursos del presupuesto, así sean cientos de millones de pesos, pues nada más busco un convenio para devolver el dinero a la dependencia del que lo desvié, y se acabó el problema.
O como lo pueden hacer ocho diputados de la pasada legislatura ─ante quienes se han presentado un total de 20 denuncias─, que se apropiaron de dinero que supuestamente destinarían a personas que lo necesitaban como parte de los apoyos sociales que otorgaba el Congreso, y ahora presumiblemente pueden acordar con la parte afectada, que son los supuestos beneficiarios del recurso, entregarles el dinero con el que ilegal y abusivamente se quedaron, y librarse de una eventual acción penal en su contra.
Más allá de que al final el Congreso del Estado decida presentar querella contra Mariano Niño y posteriormente contra otros exlegisladores, ya el fiscal Federico Garza les ha dado las claves para que puedan eludir ─encontrar la manera legal de evitar una sanción─, no evadir, la acción de la justicia, y algunos diputados encontraron la salida perfecta para proteger a varios de sus antecesores, compañeros de partido, quizá buenos amigos, y finalmente también diputados. ¿”Perro no come perro”, como dice el refrán popular?
Más grave aún si el beneficio se extiende a los que formaron parte de la Ecuación Corrupta ─caso emblemático que ya parece dormir el sueño de los justos─, a los que participaron en el llamado Moches Gate, e incluso al exalcalde Ricardo Gallardo Juárez, en contra de quien también hay denuncias ante la Fiscalía.
Estas disposiciones del SPA podrían evitar que decenas ─y centenas en el mediano y largo plazo─ de ex funcionarios y funcionarios en activo y representantes populares, pisen la cárcel, a pesar de haber cometido delitos graves, con el sólo hecho de reparar el agravio provocado a personas, empresas o instituciones.
El privilegio de marras constituye una invitación a que haya más corrupción que la que ya padecemos, pues muchos podrán tomar el riesgo de incurrir en actos ilegales sabedores de que bastará con resarcir el daño para no ser alcanzados por la justicia ni mucho menos ser encarcelados.
Enmendar el daño causado en términos monetarios o en especie es una medida a todas luces insuficiente para que funcionarios, políticos y representantes populares paguen por las desgracias que le causan a la sociedad.
No se trata sólo del delito cometido, por sí mismo; se trata, sobre todo, del engaño y el abuso que se comete en contra de una ciudadanía que ha votado por partidos y personas en las que ha depositado su confianza para que hagan un buen manejo del patrimonio común, y que su actuación y desempeño ─incluidos funcionarios de confianza de menor nivel, nombrados por quienes los votantes han elegido en las urnas─ sea para beneficio de todos.
Dejar las cosas en la mera reparación del daño, sin que ningún delincuente de cuello blanco viva en carne propia el sufrimiento de estar tras las rejas, lo único que hará es fomentar más la corrupción y garantizar un manto de impunidad a los políticos, funcionarios y servidores públicos acostumbrados a tomar lo que no es suyo.
Por eso ahora es menester de ciudadanos y organizaciones civiles, de diputados y funcionarios de auténtica convicción democrática ─así sean muy pocos─ promover por todas las vías posibles una reforma profunda al Sistema Penal Acusatorio, y que quienes defraudan la confianza ciudadana y dañan el patrimonio común, sean sometidos a un verdadero escarmiento, como castigarlos con cárcel, si es que aspiramos a un verdadero combate a la corrupción y la impunidad.
