Por Victoriano Martínez
Si en los últimos años la fiscalización por parte de la Auditoría Superior del Estado ha sido tan cuestionada y sus resultados tan poco efectivos, no es de sorprender que sus llamados para capacitar a los alcaldes sobre la mejor manera de rendir cuentas tengan tan poca capacidad de convocatoria.
El tercer párrafo del artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas advierte que “en caso de que algún ente auditable no presentara su cuenta pública en los plazos establecidos, se hará acreedor a lo establecido en el artículo 323 fracción VIII del Código Penal del Estado de San Luis Potosí”.
Desde septiembre de 2014, el Código Penal del Estado incluye en el artículo 323 el delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas, entre los que se incluye, en la fracción VIII el hecho de omitir “la remisión en tiempo y forma establecidos en la ley, de las cuentas públicas en los términos del artículo 38 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí”.
El ejercicio ilícito de las funciones públicas se sanciona, según el artículo 324 del Código Penal, “con una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de cien a trescientos días del valor de la unidad de medida y actualización que perciba al momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación del doble de la pena de prisión impuesta”.
A cuatro años cinco meses de la vigencia de ese delito y sus respectivas sanciones, ni un solo alcalde o funcionario municipal o estatal se ha hecho acreedor a las mismas, pues presentar las cuentas públicas se ha convertido en un trámite más, lo que ni garantiza una aplicación correcta de los recursos públicos, ni que la ASE haga de su revisión una real rendición de cuentas.
Basta con observar cómo cada año se incrementan los montos de las observaciones a las cuentas públicas municipales y cómo pasa el tiempo sin que los responsables de la aplicación incorrecta de los recursos públicos sean sancionados.
El próximo 15 de marzo es la fecha límite para que los ayuntamientos y otros entes fiscalizables presenten sus cuentas públicas. El 12 de junio se cumplirá un año de la revelación de la ecuación corrupta.
En tres semanas, la Auditoría Superior del Estado iniciará por segunda vez la revisión de las cuentas públicas con el estigma de la ecuación corrupta que la coloca como un instrumento de confabulaciones entre sus funcionarios, los diputados y los alcaldes y demás entes fiscalizados para limpiar cuentas en lugar de revisarlas con el rigor que la protección del erario requiere.
El año pasado la ASE le siguió el juego a los diputados de la Legislatura de la ecuación corrupta, y los recién llegados diputados de la actual Legislatura amagaron con enmendar la plana, pero al final se limitaron a avalar a sus antecesores con la simulación de una revisión inexistente que generó leves recomendaciones.
Que hoy la ASE advierta de las sanciones por no presentar las cuentas públicas en tiempo, con la credibilidad que su fiscalización arrastra, evoca más a la frase espantar con el petate del muerto, sobre todo cuando sólo 3 de 15 alcaldes del Altiplano y ninguno de la Zona Centro le dieron importancia a su llamado.
