Por Victoriano Martínez
Decir que la ciudad está en riesgo no es una exageración.
Al sur-poniente, la Sierra de San Miguelito es blanco de la ambición desmedida de desarrolladores inmobiliarios quienes desde 2009, cuando estuvo listo el decreto de Área Natural Protegida (ANP) para 63 mil hectáreas, han logrado impedir que los tres gobernadores que pudieron firmar la declaratoria lo hicieran.
Al oriente, la Sierra de Álvarez, codiciada por compañías mineras, taladores de bosques y practicantes de otras actividades no reguladas, a pesar de ser ANP desde 1981, hoy desprotegida por la negligencia de las autoridades ambientales, avaladas por un Tribunal Colegiado que revocó un amparo por el incumplimiento en la elaboración de un plan de manejo.
Y en el centro, justo al poniente de la Plaza de Armas, un Juan Manuel Carreras López incapaz de asumir el cargo de gobernador, muy atareado en simular que lo hace y con el apoyo de Yvette Salazar Torres, titular de la SEGAM, para mantener en el olvido las obligaciones que le impone la Ley Ambiental del Estado.
El riesgo por la vía de la desprotección ecológica de la ciudad cuenta con esos tres grandes frentes que privilegian intereses tan enfocados en la ganancia económica de proporciones desmedidas por encima de la propia viabilidad de la ciudad.
Los atentados contra las sierras de Álvarez y de San Miguelito no sólo dejarían sin los dos principales pulmones a la ciudad, con el consecuente deterioro de la calidad del aire y con ello de la vida de sus habitantes, sino que abrirían la puerta a peligros mortales para los habitantes de la ciudad.
Basta recordar el incidente ocurrido en agosto de 2016, cuando la corriente provocada por la lluvia arrastró a un hombre por debajo de un camión por la lateral de la avenida Salvador Nava, frente a Citadella, para tener una idea de lo que sería frecuente ver por todos los rumbos de la ciudad si se cubren de asfalto las zonas de recarga de la Sierra de San Miguelito.
Marcelo de los Santos Fraga, el primer gobernador que tuvo en su escritorio la declaratoria de ANP para San Miguelito fue el primero, tras unos meses, en dejar la responsabilidad a su sucesor.
Fernando Toranzo Fernández fue capaz de arrastrar durante todo su sexenio ese documento, que seguramente recorrió todos los rincones de su escritorio mientras pasaban otros asuntos –los de los inmobiliarios incluidos– sin tener la suerte de lograr su firma.
Juan Manuel Carreras López emitió un decreto el pasado 20 de septiembre para declarar ANP únicamente 12 mil 613.47 hectáreas, con lo que dejó fuera 51 mil 169.58 hectáreas, que fueron calificadas por la organización Cambio de Ruta como la joya de la corona de la corrupción inmobiliaria.
Hoy Carreras López podría argumentar que en el caso de la Sierra de Álvarez son instancias federales las que favorecieron la desprotección por no contar con plan de manejo desde 1981, pero como gobernador la Ley Ambiental lo faculta para defender el interés ecológico de los potosinos.
Pero no hay que olvidar que es Carreras López el incumplido, ese a quién sólo el 29.4 por ciento de los empresarios encuestados por Coparmex consideran que cumple con su trabajo, en consecuencia, para el 70.06 por ciento no cumple.
Y tan no cumple, que no es posible localizar en el sitio Web del gobierno estatal, ni en el de la SEGAM ni en la Plataforma Estatal de Transparencia los “informes periódicos sobre el estado del ambiente en el territorio estatal” a que lo obliga la fracción XXXII del artículo 7 de la Ley Ambiental.
Con representantes defensores así, decir que la ciudad está en riesgo no es una exageración.
