Por Victoriano Martínez
El gobierno de Juan Manuel Carreras López no sólo se ha caracterizado por una creciente inseguridad y una caída en los indicadores de transparencia, sino también por un rechazo sistemático a permitir la participación ciudadana, incluso en los casos en los que la ley lo obliga.
El 23 de marzo de 2016, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.
Pero con ese documento, publicado tres días antes de cumplir seis meses en el cargo, Carreras López violó la Constitución, la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí y la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
La falta fue el menosprecio para ese grupo vulnerable porque no realizó la consulta abierta, incluyente y participativa a los pueblos y comunidades indígenas.
El 12 de abril de 2016, Vicente Domingo Hernández Ramírez, consejero titular del Pueblo Mazahua por el municipio de San Luis Potosí, interpuso demanda de amparo por esa violación.
El 30 de septiembre de 2016, la Juez Tercero de Distrito emitió sentencia en la que concedió el amparo, y para el 16 de marzo de 2017 el Congreso del Estado aprobó la publicación de un adéndum al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.
Para consultar a un sector vulnerable de la población, a pesar de ordenárselo la ley, Carreras López necesitó la orden de un juez federal.
Si cuando está obligado por ley no lo hace, mucho menos cuando grupos ciudadanos le piden un gesto de buena voluntad para recibir propuestas, por ejemplo, para nombrar al Fiscal General o al Fiscal Anticorrupción, como ocurrió en su momento.
Ilusos ciudadanos que pidieron buena voluntad a quien ya había mostrado que no la tenía ni para cumplir la Constitución, la Ley de Planeación y la Ley de Consulta Indígena.
Y esa falta de buena voluntad continúa.
Ahora el documento se llama Plan Estatal de Derechos Humanos, y tampoco cumple con los requisitos para su elaboración.
Ahora fue Narciso Mendoza, representante de la comunidad mixteca, en sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, quien puso el reclamo más enérgico.
Pero también estuvieron en la protesta los representantes de 21 organizaciones civiles, 5 colectivos y 19 personas a título personal que forman la Red de Derechos Humanos.
Ambos grupos exigen lo mismo: ser escuchados y tomados en cuenta.
Y es que para la elaboración del Plan Estatal de Derechos Humanos, Carreras López otra vez ignoró a un grupo vulnerable como las comunidades indígenas, pero no sólo a ellos, sino que esta vez no tomó en cuenta a la mayoría de los potosinos.
Sí, el de Carreras López es un gobierno alejado de la población, pero no sólo porque pareciera que no hay gobernador, sino también porque el gobernador se olvidó que fue electo para servir a todos… y para ello protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
Si no tiene voluntad, mínimo que asuma la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones legales sin necesidad de que se le exijan por vías judiciales o reclamos públicos.
