Alejandro Rubín de Celis
Se fueron por la puerta de atrás. Fueron tantos y tan profundos los agravios que provocaron a la sociedad que no tuvieron el valor de dar la cara en su último informe legislativo, un recuento que se debe rendir frente a la sociedad y que, ante su temor al reclamo, prefirieron que no estuvieran presentes ciudadanos.
Es ya una costumbre decir que la legislatura en funciones es peor que la anterior, y así con todas. Pero la LXI legislatura del estado rebasó con mucho las estimaciones de ser sólo peor que la anterior. Ha sido, sin duda, la peor legislatura de la historia de San Luis Potosí.
Fueron tantos los abusos y los excesos, las exhibiciones y los escándalos de los diputados salientes ─varios de los cuales rayaron en el ridículo─ que se pierde la cuenta y los innumerables casos, pero se pueden rescatar varios de esos lamentables pasajes para dimensionar el grado de podredumbre que caracterizó a los diputados que, muy quitados de la pena, ya se van.
Aquí un breve recuento: el pago de costosas cuentas en restaurantes y bares, de calzoncillos y hasta alimento para animales con cargo al erario público; el acomodo de 80 personas entre amigos, incondicionales y familiares como empleados de la Auditoría Superior del Estado ─muchos de ellos aviadores─; la opacidad y la incongruencia mostradas al aprobar como diputados la obligación de difundir las declaraciones 3de3 de los servidores públicos y ser ellos quienes han ocultado las suyas; el turismo legislativo sin oficio ni beneficio, con el caso emblemático de los diputados José Luis Romero Calzada y Jorge Luis Díaz Salinas en su viaje a Canadá y Alaska.
Están además los ofensivos ingresos que tuvieron los diputados durante más de un año entre sueldo, prestaciones, bonos y apoyos legislativos, que alcanzaron los 216 mil pesos por mes para cada uno y que los obligaron, producto de la presión social y no por voluntad propia, a reducirlos y compactarlos en un ingreso mensual de 114 mil pesos a finales de 2016, y que para mayo del año pasado ─último mes que reporta el tabulador del Congreso en su portal de transparencia─ era de 115 mil 858.36 pesos, uno de los más altos del país, apenas superado por el de los diputados de Chihuahua y Guanajuato.
El uso discrecional de recursos públicos para fines privados con la emblemática e ilegal partida presupuestal de Gestoría Institucional que, de acuerdo a investigaciones bien documentadas por organizaciones sociales y algunos medios informativos, llevaron prácticamente a todos los diputados a incurrir en malversación de fondos y desvío de recursos con la supuesta entrega de apoyos mediante el uso de empresas fantasmas, firmas apócrifas y documentos falsos, y que ha provocado la presentación de demandas en contra de 20 legisladores por el uso indebido de 40 millones de pesos.
Por supuesto la presunta venta de votos de diputados para aprobar la ampliación del contrato del ayuntamiento de la capital con Panavi por más de 200 millones de pesos, promovida por el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, que naufragó luego de que Astrolabio Diario Digital descubrió un mensaje en la pantalla del celular del diputado Fernando Chávez que señalaba que los interesados “quieren tiempo para comprar voluntades”.
Y qué decir de la Ecuación Corrupta, caso paradigmático de la corrupción revelado por el que fuera uno de sus miembros, el ex diputado Enrique Flores, cuya trama de tráfico de influencias y presumible red de extorsiones y de limpieza de cuentas públicas dejó en claro la clase de seudo representantes populares que ocupaban las curules.
Y para cerrar con broche de oro, la aprobación ilegal de las cuentas públicas 2016 y 2017 de los entes obligados que deja una estela de dudas ─y en algunos casos certezas─ sobre el manejo de los recursos públicos, no sólo de los ayuntamientos sino de los tres poderes; el rechazo a una ley de participación ciudadana que cancela la posibilidad a la sociedad de participar activamente en la toma de decisiones públicas, y la aprobación de un crédito por mil 200 millones de pesos al gobernador, a quien tiempo atrás le aprobaron al fiscal carnal y con quien siempre fueron condescendientes.
Todo lo anterior sin contar las frivolidades, pleitos ─contra activistas y entre los propios diputados─, actos exhibicionistas y propuestas legislativas disparatadas que se cuentan por montones y que de manera particular protagonizaron los diputados José Luis Romero Calzada y Sergio Desfassiux, y desde luego la ausencia casi total de leyes y reformas de alto impacto que favorecieran a la sociedad.
Para las elecciones del 1 de julio pasado, la ciudadanía ya tenía suficiente información sobre la clase de representantes que había elegido hace tres años ─y también hace seis y más─ y por fin decidió cambios de fondo en los espacios de representación ciudadana.
Sin embargo, aunque la composición de la nueva legislatura es muy distinta a la de las anteriores, está integrada por gente inexperta que habrá de enfrentar los vicios de algunos experimentados diputados en las lides legislativas, con un cuestionable prestigio político como Eugenio Govea, Sonia Mendoza, Cándido Ochoa, Beatriz Benavente, Rubén Guajardo y Oscar Vera ─los últimos cuatro relacionados directa o indirectamente con la Ecuación Corrupta─, a los que se añade el reciente nombramiento de Héctor Mayorga Delgado como titular de la Unidad de Evaluación y Control ─experto en limpieza de cuentas y opacidad─ que, lejos de contribuir al combate de redes de corrupción al interior del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado, pueden influir y convencer a los novatos para que éstas sigan operando y hasta se fortalezcan.
Algunos diputados de la LXII legislatura, particularmente los de Morena, han asumido el compromiso de acabar con los vicios de otras legislaturas y de dignificar la labor del diputado. No será fácil y menos con la presencia de algunos tiburones que pueden manipularlos dada su inexperiencia.
Los habitantes de San Luis Potosí esperan que no haya sorpresas con la bancada morenista y sus aliados en el Congreso local, como sucedió en la Cámara de Senadores en la que, en un acto inmoral, los senadores de Morena y sus afines concedieron a Manuel Velasco licencia para regresar a la gubernatura de Chiapas, presumiblemente a cambio de que cinco diputados del Verde se pasaran a Morena para alcanzar mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Ante cualquier riesgo de que se pueda atentar nuevamente contra el interés y el patrimonio públicos, es preciso que la prensa independiente, local y nacional, y desde luego la sociedad toda, vigilen permanentemente la actuación de los nuevos diputados, exigiéndoles que rindan cuentas claras y que legislen para el bien común, y, por supuesto, que los denuncien ante el más mínimo acto de abuso, manipulación o corrupción.
Si no lo hacen, la historia se puede repetir.
