Por Victoriano Martínez
El 2018 cerró como el año más violento en la historia reciente del estado.
Para el gobernador Juan Manuel Carreras López se trata de índices que no sólo se dan en San Luis Potosí, sino en todo el país, y afirma que las cifras se mantienen dentro de la media nacional.
Que tras una justificación así hable de la necesidad de reforzar las estrategias de combate al crimen ya no es más que una declaración políticamente correcta, pues descansa en una premisa cargada de un preocupante grado de resignación.
Si busca generar confianza con la referencia a que el Estado se encuentra en la media nacional en el índice delictivo, equivoca el argumento.
En realidad dice que hay otros estados que están peor –mal de muchos…–, pero también dice que otros que están mejor. Es tanto como invitar a quienes viven con más miedo a mudarse al estado que se encuentre mejor.
Independientemente de esa posible lectura, el otro aspecto de ese preocupante grado de resignación está en que en sus afirmaciones Carreras López se muestra satisfecho con el trabajo realizado, como si mantenerse en la media nacional fuera sinónimo de una reducción de la violencia, cuando él mismo reconoce que aquí ha aumentado igual que en todo el país.
El aumento es preocupante, porque no sólo cuentan las cifras de homicidios, sino también los casos de lesiones.
Para el caso de los homicidios, en 2015, el porcentaje de los cometidos con intención fue del 61.48 por ciento; para 2016, ese porcentaje prácticamente se mantuvo al ser del 61.2 por ciento, en tanto que para 2017 se incrementó a 63.34 por ciento.
El año pasado creció de manera inusual el número de homicidios culposos, lo que redujo el porcentaje de los intencionales a un 50.83 por ciento, a pesar de que este tipo de asesinatos aumentó.
Se trata de una proporción entre homicidios dolosos y culposos que apunta más a una violencia intencional que no deja de ser consistentemente creciente, aunque menos fatal, de acuerdo a los porcentajes de las lesiones cometidas con toda intención.
En 2015, las lesiones dolosas (intencionales) acapararon el 77.82 por ciento de los delitos de lesiones; para 2016 aumentó a un 79.3 por ciento; en 2017 ese porcentaje fue del 82.3 por ciento, y en 2018 del 85.16 por ciento.
En los años en que Juan Manuel Carreras López ha estado en la gubernatura, los delitos intencionales que involucran violencia física, no necesariamente fatal, pasaron de ser 15 de cada 20 a 17 de cada 20.
Es una postura de resignación que acepta la inseguridad como un mal que ahí está, pero que no es tan malo como en otras latitudes.
“La situación peor de un ser humano es la resignación, estar contento con lo que él es, y estarse negando a ser mejor mañana de lo que es hoy, eso me parece la más profunda inmoralidad”, expresó Javier Darío Restrepo en un conversatorio sobre la ética del conflicto, a propósito de los debates sobre el proceso de pacificación en Colombia.
Carreras López y su equipo de seguridad frecuentemente se manifiestan contentos con el trabajo que en materia de seguridad han realizado, con buenos balances incluidos, a pesar de que las cifras los desmienten.
Se trata de una actitud que se acerca mucho a la descripción que hace Javier Darío Restrepo y que muestra que atrás del crecimiento de la inseguridad en el Estado hay una inmoral actitud de negación a la adopción de las medidas necesarias para mejorar la seguridad de todos los potosinos.
