Por Victoriano Martínez
La ruta que debe seguir una mujer que, tras ser víctima de acoso y hostigamiento sexual, pretenda obtener justicia es tortuosa y prolongada, además de revictimizadora.
Por eso son pocas las denuncias y se tienen mucho menos noticias de casos en los que el victimario recibe castigo.
Apenas hace una semana se conoció que después de seis años de vivir un verdadero calvario de violencia institucional que aún no cesa, Mary Chuy Armendarez Prieto fue informada de que a su acosador le dictaron sentencia condenatoria.
Un proceso prolongado y tortuoso cuyos resultados en cuanto a la expectativa de justicia de la víctima no se cumplen, ni por la sanción ni por la reparación. Pero un proceso en el que la secuela de re victimización aun no para en cuanto a efectos negativos para ella.
Lamentable resulta que para las estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la expectativa para enfrentar el acoso de sus mentores sea la misma porque, en cuanto levantan la voz para protestar, la reacción de las autoridades es pretextar la falta de denuncias para no actuar, en lugar propiciar las condiciones más adecuadas para que las víctimas puedan iniciar esos procedimientos.
Un pizarrón en la facultad de derecho y una pintura sobre la cantera del edificio central cuyas huellas ya desaparecieron son dos llamadas de auxilio de un estudiantado femenino que a diario vive el acoso y no ve una reacción responsable y protectora de sus derechos en las autoridades universitarias.
Pretextar su inacción y, lejos de apoyar a ese sector vulnerable, pretender sancionar la forma de la protesta, muestra que desde el rector Fermín Villar Rubio hasta los directivos de todas las facultades y escuelas se inclinan más por la protección a los acosadores que a las víctimas.
Más cuando desde la Universidad se habla de una denuncia y desde la Fiscalía de un conocimiento de hechos que consideran es sancionable por vía administrativa.
Tal indolencia tampoco es novedad en la UASLP. Se vio en la forma en que la actual rectoría reaccionó ante la demanda de justicia en el Caso Diego, el menor que murió en el camping de verano en el balneario Wow.
Una estudiante acosada por un catedrático en la UASLP sólo puede ver la expectativa para su demanda de justicia de una re victimización que se prolongue en el tiempo con pocas posibilidades de éxito, además de toparse con la indolencia de los directivos.
Con esos (des) incentivos para promover la cultura de la denuncia, Villar Rubio y compañía (y quienes los sustituyan) tendrán el pretexto de la falta de denuncias para no hacer nada in saecula saeculorum.
