Por Victoriano Martínez
La tensión entre quienes luchan por la protección ecológica de la ciudad y los especuladores inmobiliarios que anteponen sus intereses económicos vive un capítulo más con el decreto publicado por Juan Manuel Carreras López para dejar sin efecto un Área Natural Protegida de mil 200 hectáreas en la Sierra de San Miguelito.
Apenas el 20 de septiembre pasado, Carreras López emitió un decreto que declaró 12 mil 613.47 hectáreas como ANP en esa misma Sierra, ahora el pasado 18 de enero emite otro en el que desprotege mil 200 hectáreas que estaban protegidas desde 1996.
Podría pensarse que en el balance, los especuladores inmobiliarios perdieron 12 mil hectáreas y ahora recuperan mil 200 para pensar en sus negocios, pero no es así.
En el caso de las 12 mil decretadas en septiembre, de manera tramposa el decreto incluye siete polígonos dispersos en la superficie total de hasta 63 mil 783 hectáreas que debieron protegerse según el historial del proceso que busca proteger esa zona.
Ni el propio Carreras López cumplió la afirmación, en su segundo informe de gobierno, de que se protegerían más de 55 mil hectáreas.
Se limitó a 12 mil 613.47 hectáreas dispersas de tal forma para no afectar el territorio ambicionado por los desarrolladores inmobiliarios.
Sí hubo protección a una parte, pero no dejó de ser una simulación al dejar desprotegida la mayor parte, que es la que representa los mayores riesgos ecológicos para la ciudad: erosión, caídas de agua, falta de recarga de mantos acuíferos, eliminación de áreas verdes y romper ecosistemas.
Ahora, por no atender debidamente un Área Natural Protegida un juez federal ordenó dejar sin efecto el decreto respectivo y la ciudad pierde mil 200 hectáreas sobre las que los desarrolladores inmobiliarios ya se frotan las manos.
Punto más para los inmobiliarios, y punto más para elevar el riesgo de un desastre ecológico para la ciudad.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza señala que las ANP “son esenciales para conservar la biodiversidad natural y cultural y los bienes y servicios ambientales que brindan”, además de que “a través de actividades económicas, como el turismo entre otras, muchas áreas protegidas son importantes para el desarrollo sostenible de comunidades locales”.
En la tensión entre ecologistas y desarrolladores inmobiliarios que anteponen su afán de lucro sobre la protección de los intereses de la ciudad, con los decretos firmados por Carreras López el 20 de septiembre y el pasado 18 de enero, lo colocan como un gobernador cargado a favor de los segundos, y en contra de la ciudad.
Una raya más al tigre. Ni seguridad, ni combate a la corrupción, ni compromiso con la ecología, ni… nada que pudiera ser un indicador de que los potosinos tenemos un gobernador que defienda el interés común.
