Oswaldo Ríos Medrano
Es Jean-Jacques Rousseau el padre del concepto de soberanía popular. Para el ginebrino, el poder del Estado residía en el “pueblo reunido” y se constituía en un “contrato social” para buscar “el interés general”.
Desde esa visión casi romántica de la democracia, Rousseau nos regaló la imagen de todos los ciudadanos reunidos en un espacio abierto, deliberando respetuosa y ordenadamente, y concertando sabia y unánimemente en aquello que era mejor para todos.
La democracia plebiscitaria de Rousseau es un didáctico e inspirador concepto de teoría política que resulta útil para explicar el fundamento sobre el origen del principio filosófico y constitucional de la soberanía popular, pero cuya operatividad posterior debe someterse invariablemente al respeto de las normas de un Estado de Derecho.
Por eso la impronta de esa democracia a mano alzada solo se preserva como una postal idílica.
En primer lugar, porque la modernidad política hizo imposible la materialización de esa idea, los Estados crecieron a un punto que sería imposible reunir a todos los ciudadanos en un solo lugar, surgiendo entonces la democracia representativa; en segundo, porque la pluralidad de toda reunión de dos o más individuos, entraña conflictos, disputas, intereses encontrados, distintas visiones, etcétera, surgiendo así, la necesidad de tener leyes para procesar los disensos y partidos políticos para organizar la disputa de las ideas y el acceso al poder; y en tercero, porque aún y cuando en países democráticos como el nuestro se reconoce la inclusión en las leyes de figuras de democracia directa como la “consulta popular”, estas deben someterse a las reglas y procedimientos previamente establecidos en nuestro orden constitucional.
Sí, el pueblo manda, pero manda obedeciendo la Constitución y las leyes.
Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que someterá a consulta popular la continuidad de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El tema ha encendido todas las alarmas de quienes sostuvimos que el liderazgo de AMLO encarnaba en uno de corte típicamente populista.
El argumento central para juzgar esta decisión como demagógica es que somete una decisión eminentemente técnica a las reglas de un concurso de popularidad en el que millones de personas decidirán un asunto de la mayor importancia (no continuar el proyecto original o modificarlo costará decenas de miles de millones de pesos), sobre el cual no tienen la más remota idea.
Y cuidado, no estoy diciendo que López Obrador debe aceptar la construcción del nuevo aeropuerto en los términos licitatorios y de asignación de contratos en los que le ha sido heredado. Si el presidente electo considera que tiene elementos para presumir actos de corrupción o tráfico de influencias, es su obligación y su deber, revertir esos actos y sancionar ejemplarmente a las autoridades que hayan usado sus cargos públicos para beneficiarse económicamente. Lo que no se vale, es que por el miedo de enfrentar a esos intereses pertrechados (cuya cabeza más visible es Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo), prefiera entrampar la decisión de continuar la construcción del aeropuerto a los “deseos del pueblo” y la consecuente interpretación de sus alcances por parte del propio AMLO.
En todo este asunto de la consulta popular hay otras lecturas que llaman la atención.
Sin presentar la debida información técnica de factibilidad, o el proyecto ejecutivo, López Obrador anunció la construcción de un “Tren maya” que atravesaría prácticamente toda la selva lacandona en el sureste del país. ¿Por qué no se anunció la respectiva consulta “al pueblo”? No solo eso. En este caso la consulta es un mandato constitucional y no precisamente “al pueblo”, sino a todas las comunidades indígenas que serán afectadas y que, por tratados y convenciones internacionales, además de la Constitución, deben ser escuchadas previamente a una decisión de esta naturaleza.
En el mismo sentido, el presidente electo anunció que el béisbol (sí, el béisbol) será una vertiente de su política deportiva. ¿Por qué no consultó si “el pueblo” está de acuerdo que sea esa disciplina deportiva y no otra la que reciba un mayor impulso del Estado? ¿Por qué no someter a consulta los nombramientos de los dinosaurios priístas Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad e Ignacio Ovalle en la seguridad alimentaria? ¿Por qué no preguntar a “la gente” si está de acuerdo con el cambio de sede de las secretarías de Estado o la amnistía a los criminales?
La invocación al pueblo es una potestad discrecional. ¿Cómo se decide que sí y qué no se somete a consulta? Sí lo que le convenga a los intereses del “intérprete” del pueblo, no a aquello que le estorbe. ¡Vaya criterio para deformar el proceso de toma de decisiones públicas!
Nadie puede poner en tela de juicio que López Obrador ganó con una cantidad de votos que es fuente de una legitimidad que ningún presidente había tenido en la era posdemocrática. Tan es así que tiene mayoría absoluta en el Poder Legislativo. Pero también es innegable que muchos millones de mexicanos no votaron por él y que son tan ciudadanos y tienen tantos derechos como quienes lo votaron.
Una democracia es sana no solo porque la voluntad de la mayoría es la que manda, sino porque también se respetan los derechos de las minorías, y también, porque mayoría y minoría deben someterse a las reglas jurídicas del juego democrático.
Por cierto, si las consultas populares de las que habla AMLO pretenden ser constitucionalmente válidas no debe omitirse que el procedimiento para realizarse que establece nuestra Carta Magna dice que las solicita el Ejecutivo pero las convoca el Congreso de la Unión y que para que sus decisiones sean vinculantes debe participar al menos el 40% de los electores inscritos en la lista nominal y, pequeño detalle, que las consultas populares deben realizarse el mismo día de la jornada electoral federal.
Luego entonces, si la consulta en la que está pensando el tabasqueño es una parodia o un simulacro, será un buen circo, pero carecerá de legalidad y efectos. Lo más probable, es que, conociendo la naturaleza del Peje, esto sea solo una estrategia política para acabar legitimando una decisión que él ya ha tomado hace mucho tiempo y cuyos costos no quiere asumir, sino transferir “al pueblo”.
Aún no toma protesta del cargo y los rasgos que está tomando el “estilo personal de gobernar” de Andrés Manuel López Obrador son muy preocupantes: demagogia, populismo, simulación, improvisación, diletantismo, intolerancia y ocurrencias.
Un demagogo es aquél político que coloca los “deseos del pueblo” por encima de las leyes y un populista es aquel que “se cree” la encarnación del pueblo. Profeta de la tiranía de las mayorías, López Obrador está abrazando la frase que Enrique Krauze le profetizó como destino: “El pueblo soy yo”.
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