Las #3de3 y el problema de su confiabilidad

 

Por: Victoriano Martínez.

 

Alejandro Leal Tovías, secretario general de gobierno, tuvo ingresos totales durante 2015 por 347 mil 39.94 pesos, es propietario de inmuebles por 3 millones 845 mil 662 pesos, sólo cuenta con un auto Smart 2010 que le costó 190 mil pesos, y aunque posee el 80 por ciento de las acciones de dos imprentas, no le generan ingresos.

Y aunque las acciones que reporta como propias en Grafi K Tangamanga S.A. de C.V. e Industrias Gráficas del Tangamanga, S.A. De C.V. representan una participación mayoritaria o de control, el funcionario aclara que se trata de una participación voluntaria que no representa un conflicto de intereses.

Esos datos se desprenden de las declaraciones patrimonial y de intereses que Leal Tovías remitió ante la Contraloría General del Estado y que se encuentran publicadas en portal Web de esa dependencia (goo.gl/O4a2uP), cuya presentación tomó como base los formatos de la iniciativa #3de3 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Al requisitar esta declaración el declarante afirma que: ‘La información declarada es exhaustiva, verídica y válida a la fecha de presentación’”, se advierte al inicio del formato de presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses elaborado por el IMCO.

Así, las declaraciones patrimonial y de intereses constituyen un acto de buena fe en el que la responsabilidad de la validez, veracidad y exhaustividad de la información recae en el funcionario que las presenta. El caso de las presentadas por Leal Tovías sólo representan una muestra de lo que en ellas se puede encontrar.

En ese sentido, llama la atención que en los poco más de tres meses como secretario de Gobierno, Leal Tovías apenas haya tenido ingresos por 117 mil 774.94 pesos, un promedio mensual de 39 mil 258 pesos, cuando en el tabulador su cargo tiene un sueldo que va de los 37 mil 508.79 a 136 mil 380.79 pesos. Es como si hubiera cobrado lo mínimo y un micro aguinaldo.

Como acto de buena fe, en ambas declaraciones aunque la de intereses especialmente, lo que no se incluye resulta en principal indicador de las áreas en las que los funcionarios públicos evitan revelar posibles conflictos de interés.

La declaración de intereses incluye apartados sobre intereses económicos y financieros, actividades profesionales y empresariales, intereses diversos, otros intereses y aclaraciones, que en conjunto representan 20 campos que deben ser rellenados por los funcionarios.

Leal Tovías dejó en blanco 15 de los 20 campos y sólo rellenó los que tienen que ver con sus datos generales, tres sobre sus intereses económicos y financieros y uno relacionado con su actividad empresarial.

Entre los campos que dejó vacíos destacan todos los que tienen que ver con las actividades e intereses de sus “familiares en primer grado –cónyuge, hijos, padres, suegros, yernos, y nueras– y/o dependientes económicos”.

Así, las declaraciones patrimoniales podrían resultar más reveladores porque presentan más indicios de que no se cumple con las características con las que se comprometen a llenarlas: exhaustiva, verídica y válida.

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