Por Victoriano Martínez
Como nunca, en los últimos días se han registrado inundaciones que desquician la ciudad, y la de anoche fue una más ante la que se vuelve relevante lo ocurrido con la urbanización al poniente de la ciudad y una pregunta que se vuelve pertinente: ¿llegó tarde la declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito?
Desde 1998, hace más de 26 años, ya se conocían los servicios ambientales que prestaba la Sierra de San Miguelito a la ciudad, entre los que se sabía la función que tenía para prevenir grandes avenidas de agua en temporada de lluvias que evitaban inundaciones.
Inmobiliarias como Residencial la Tenería con 200 hectáreas, Desarrollo del Pedregal con 578.15 y Lomas de la Garita con 54.87, asociadas con los ejidatarios de la Garita de Jalisco, con opiniones favorables emitidas por la Procuraduría Agraria desde 1994, lo sabían, pero antepusieron el negocio y buscaron un estudio que justificada la urbanización de esa parte de la Sierra.
Así fue como se presentó un “Manifiesto de Impacto Ambiental” para el Desarrollo del Pedregal encomendado por los empresarios Vicente Rangel Lozano, Carlos López Medina y Eduardo García Navarro al investigador universitario Ramón Ortíz Aguirre, para tramitar el cambio de uso de suelo sobre una superficie de 737 hectáreas en el Ejido Garita de Jalisco.
Ortiz Aguirre aseguró que la zona de la Garita de Jalisco, que formaba parte de la Sierra de San Miguelito, era del todo urbanizable, y podría (un condicional que se convirtió en no se pudo) establecerse un área de 20 hectáreas como “reserva ecológica” considerando los arroyos y corrientes de agua existentes.
Tras una serie de argumentos que van desde un aprovechamiento de las condiciones ambientales de la zona hasta presuntamente mejorar las condiciones de aprovechamiento de los esporádicos escurrimientos, el académico concluyó que no existían riesgos por las corrientes de agua.
“Los pequeños arroyos que atraviesan la zona de estudio no son aprovechados de una manera adecuada, por consiguiente buena parte de sus escasos escurrimientos registrados durante la época de lluvias se ven desaprovechados al desbordar el cause”, señaló en una parte del documento.
“Además de que al llegar al límite de su capacidad los tanques del parque Tangamanga vierten sus demasías que se pierden en la red de drenaje de la ciudad”, agregó como si las corrientes fueran mínimas e insuficientes para saturar los drenajes de la ciudad.
Aunque reconoce que en el Plan del Centro de Población de las Ciudades de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez publicado día 24 de septiembre de 1993 se advierte que la zona que se pretendía urbanizar –y hoy ya está urbanizada– se ubica bajo la clasificación de restauración y “conservación de la vida silvestre”, lo descartó como limitante.
“En teoría no puede dársele un uso como el previsto (urbanizar), sin embargo, se ha demostrado en el presente estudio que no se dan las condiciones de protección y restauración de algo que no existe pues el medio esta severamente impactado”, señaló en el documento.
Minimizado el valor ambiental de esa área, la consecuencia de la lógica empresarial fue aprovecharlo para urbanizar antes que impulsar y encabezar un proyecto de protección y restauración de la zona como una forma de proteger a la ciudad de los caos que hoy provocan las inundaciones. Claro, esto no era negocio.
Así que, si en los últimos días ha padecido por las inundaciones que “nunca habían pasado” por su calle, tenga presente que es el costo que tendrá que pagar de por vida por las estratosféricas e insultantes ganancias que obtuvieron las empresas inmobiliarias que cubrieron con pavimento y residencias de lujo, que destruyeron y desviaron las corrientes de agua en perjuicio de la parte baja de la ciudad.
Si a los grandes desarrolladores inmobiliarios su padecimiento los tiene sin cuidado, no espere que a las autoridades que podrían establecer políticas para revertir y corregir la situación sea algo que los ocupe, porque tampoco les preocupa: viven en esa zona, libres de inundaciones y sólo ven correr el agua para anegarse en su colonia.
¿Desde dónde cree que despacha el gobernador Ricardo Gallardo Cardona? Desde el Centro de Convenciones, que es uno de los edificios que destruyeron parte de esa área ecológica que hoy no es parte del Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito porque para cuando llegó el decreto, el daño ambiental ya se había consumado.
