Por Victoriano Martínez
¿Qué tienen en común las hasta hoy dos denuncias presentadas por el Ayuntamiento ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la administración anterior?
El 18 de febrero, Xavier Nava Palacios informó sobre la presentación de “la primera denuncia de muchas”.
Se trató de una denuncia sobre el caso en el que, por la orden de una juez federal, quedaron acreditados la violación a un amparo y el atentado contra el patrimonio ecológico de la ciudad, y desde el 21 de diciembre el Cabildo revocó el cambio de uso de suelo de un predio de 6.8 hectáreas en el Paseo de la Presa.
A eso se limitó la denuncia y, a la fecha, sigue sin abordarse la situación de que el predio en cuestión fue escriturado a nombre del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez y presuntamente lo vendió a una empresa antes de hacer el cambio de uso de suelo.
La primera denuncia se limitó a lo señalado por el juzgado federal, y se dejó de lado –todavía hasta ahora– la defensa del patrimonio municipal.
Este primero de abril se informa de la denuncia por el caso del puente deprimido en El Saucito, por la avenida Fray Diego de la Magdalena.
(En el comunicado oficial se afirma que se trata de la tercera denuncia y del área de Comunicación Social explican que la primera fue por el caso Sandra Sánchez Ruiz, aunque en su momento el síndico sólo habló de una promoción para sumarse a la denuncia del Frente Ciudadano Anticorrupción en la Fiscalía General del Estado)
La segunda denuncia ante la FGR fue presentada ayer por la segunda síndico por un caso, según citó Sebastián Pérez García, que David Colmenares, auditor Superior de la Federación, describió como el peor escenario posible: una obra pagada no realizada.
Alicia Nayeli Vázquez, segunda síndico, habló de un anticipo no devuelto de 112 millones 918 mil 390 pesos, correspondientes al 50 por ciento del costo de la obra, y mencionó que el Ayuntamiento recibió 130 millones de pesos de recursos federales.
De acuerdo con Pérez García, tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública no sólo dictaminaron sobre las irregularidades sobre la obra en Fray Diego de la Magdalena, sino que requirieron al Ayuntamiento la devolución de los recursos federales recibidos y pagados por una obra que no se realizó.
Sobre la denuncia presentada este lunes, como la del 18 de febrero, también pesa una determinación federal, esta vez no de un juez sino de los órganos fiscalizadores.
Sin contar la del caso Sandra Sánchez Ruiz (por quedar en duda si se trató de una denuncia), estamos ante la segunda de muchas. Entre la primera y la segunda han pasado 42 días… y dos determinaciones federales que parecen haber sido el impulso real para presentarlas.
“Esta es la primera denuncia de muchas. La ciudadanía esperaba que actuáramos y aquí están los hechos, luego de conformar las carpetas, los expedientes”, dijo el alcalde Xavier Nava Palacios el 18 de febrero.
Previamente, el 14 de noviembre, se mencionaron mil 843 observaciones por irregularidades en la pasada administración.
Con tantos expedientes abiertos, sorprende que tras las dos primeras de muchas se perciban elementos que las ubiquen como una reacción a una determinación desde el ámbito federal –así hayan reportado el caso el pasado 20 de marzo ante la ASF.
Al ritmo de una denuncia cada 42 días, en lo que queda del trienio no alcanzará para las muchas denuncias, pues de mantener esa frecuencia, habría que esperar sólo 21 de los mil 843 expedientes reportados mas no publicados.
Peor aún: que el contralor Jesús Mejía Lira declare que de las mil 843 observaciones “ya se han solventado algunas” y de las “mil y tantas” que quedan, la mayoría son de carácter administrativo, es prácticamente un anuncio que ya no seguirán las muchas denuncias, sino sólo las que alguna intervención federal provoque… a menos que comiencen con las cien por ciento propias.
