Por Victoriano Martínez
Es pronto para retirarles el beneficio de la duda, pero también ya hay demasiados indicios que apuntan a dudar de los beneficios que traerán al Congreso del Estado como institución.
La bancada de quienes afirmaron que “juntos haremos historia” en su primer día como legisladores mostraron que el nuevo relato comienza con ellos divididos.
No haber logrado llegar cohesionados al asumir el cargo es una mala señal para el grupo que se perfilaba como mayoritario.
Que cinco de ellos hagan un pronunciamiento público, en rueda de prensa, cual llamado a rescatar la representatividad que alcanzaron en las urnas es indicador de la falta de acuerdos.
La acusación a Gabino Morales de negociar con el gobernador Juan Manuel Carreras el reparto de comisiones para dejar un Congreso a modo da una idea del nivel de los desacuerdos.
La misma intervención de poderes de siempre con personajes distintos.
Una ausencia de acuerdos que ya dejó ver que ante bancada revuelta acomodo del semillero de la ecuación corrupta. La experimentada Sonia Mendoza asume la presidencia del Congreso del Estado.
Era el grupo mayoritario, hasta que cayó en la trampa de las alianzas para acomodar piezas con el reparto de comisiones y cargos administrativos.
La trampa de un reparto que al hacerse tras bambalinas constituye una traición a la naturaleza de su función: son servidores públicos.
Todo indica que negociar también les hizo olvidar –como sus contrapartes acostumbran– que su principal compromiso es con quien los eligió.
Y cuentan con instrumentos legales para hacerlo valer.
Esas negociaciones, hoy vergonzantes y causa de la división, de haber sido documentadas no tendrían por qué provocar las perversiones de la función pública que dejan ver.
Y están obligados a documentarlas.
El artículo 18 de la Ley de Transparencia los obliga al ordenar que “los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”.
No documentar sus actos como diputados es una forma de negar a la ciudadanía su derecho a saber.
No documentar deja a la población condenada al territorio de la especulación a partir de sus dimes y diretes públicos que, con el aderezo del sospechosismo y la mala experiencia que dejaron sus antecesores, refuerza la conseja del piensa mal y acertarás.
No documentarlos es una violación a la Ley.
Es pronto para retirarles el beneficio de la duda, pero las primeras señales muestran que no todo es buena voluntad y comienza a envolverlos la inercia que hace a cada legislatura peor que la anterior.
